Caracas, 30 ago (EFE).- Un grupo de madres de Venezuela se manifestó este miércoles en Caracas para pedir ayuda a las autoridades en la búsqueda de sus hijos, desaparecidos en los últimos años en zonas cercanas a la frontera de 2.219 kilómetros que el país caribeño comparte con Colombia.
Reunidas en un comité llamado «Esperanza de Madre», 28 mujeres han denunciado los casos ante las autoridades de ambos países, sin haber recibido respuestas hasta ahora, mientras mantienen una búsqueda particular que incluye seguir pistas en las redes sociales.
Lisbeth Zurita, representante del comité, declaró ante periodistas que el grupo se organizó en 2021 y ha documentado 28 casos, entre los que se encuentra el de su hijo, Elisael Contreras, desaparecido desde julio de 2019, cuando tenía 25 años de edad.
«Ese año (él) había viajado para las minas de Inírida (municipio colombiano), a trabajar para su sustento, y no le fue nada bien. Cuando regresó de allá, llegó a Cúcuta (Norte de Santander, fronterizo con Venezuela). Fue lo último que pudimos saber», relató Zurita.
Explicó que las autoridades venezolanas no le han informado «absolutamente nada» sobre su denuncia, por lo que espera que este pronunciamiento sirva para que los gobiernos de ambos países ayuden a buscar a estas personas.
Con la misma petición, Yaneth Villarreal pide que busquen a su sobrina, una mujer de 26 años que en octubre de 2021, cuando trabajaba en Colombia, dejó de comunicarse con su familia, entre ellos un hijo pequeño que vive en el estado Mérida bajo el cuidado de familiares.
A finales de junio, los gobiernos de Colombia y Venezuela constituyeron una Comisión de Vecindad e Integración para, entre otros asuntos, comenzar los trabajos de investigación sobre las denuncias relacionadas con la desaparición de personas.
A propósito de conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Fiscalía venezolana publicó un mensaje en X (antes Twitter), en el que ratificó su solidaridad «con las personas afectadas por este delito atroz» y el «compromiso inquebrantable» de la institución «con la defensa de los derechos humanos».
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