Varias versiones giraron en torno al caso del niño de 2 años que fue asesinado y hallado muerto en Caricuao, la mañana del miércoles 6 de septiembre.
Primero se dijo que una banda que traficaba órganos sería la responsable del hecho, luego que su madre y padrastro no querían llevarlo a Panamá y por eso lo mataron, y hasta la familia materna del infante habló de una supuesta deuda de drogas.
Lo cierto es que la propia madre, Iraida Zaiter Mendoza, de 19 años, admitió haber entregado a su hijo como garantía por el pago de una deuda de drogas que tenía con una banda delictiva de la zona. Su familia no estaba errada en ello, lo único que no tenía era los detalles, reseñó El Universal.
En el expediente del Cicpc reposan sus declaraciones, donde deja claro que «ella se vio en la obligación de dar a su hijo para justificar que pagaría el dinero». Admitió, además, ser consumidora de estupefacientes con su pareja actual, Daniel Alejandro Mendoza Gil, de 23 años, quien también está detenido, pues siempre supo el plan que la mujer se ideó.
El descubrimiento
Iraida había planificado entregar a su hijo cuando se vio acorralada por los delincuentes. Así lo declaró en el Cicpc, luego de varias horas de interrogatorios.
Explicó que los miembros de la banda la tenían amenazada de muerte, al igual que a su pareja, si no pagaban la deuda.
Por ello utilizó a su hijo para luego canjearlo.
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El padre biológico del niño, Jiván Gómez, fue quien destruyó el plan de la mujer sin saberlo. El domingo 3 de septiembre el sujeto llegó a la vivienda en Caricuao para buscar a su hijo y pasar el día con él.
Como no estaba le preguntó a Iraida dónde estaba el niño, y ella rápidamente inventó que se le había desaparecido mientras cocinaba.
De inmediato el padre se alteró y comenzó a buscarlo por el barrio. Incluso alertó a los vecinos del supuesto hecho y conmocionó la zona.
La mujer tuvo que fingir la desaparición y el hombre la obligó a colocar la denuncia en el Cicpc de Caricuao. Pero cuando llegaron, los funcionarios escucharon la versión y no le creyeron.
Le dijeron que eso no procedía y que se fuera a su casa o, en su defecto, a la sede central del Cicpc en la avenida Urdaneta. Efectivamente, ambos acudieron al lugar donde fueron atendidos por los efectivos de guardia en la división de Víctimas Especiales.
Allí la mujer ofreció dos versiones de la supuesta desaparición y no había hilo conductor en las historias.
Por ello, los efectivos la citaron para el día lunes donde sería nuevamente interrogada en compañía de su pareja y del padre biológico del niño.
Ese lunes en la mañana, la mujer fue interrogada por una especialista en psicología que determinó que estaba mintiendo en torno a la desaparición de su hijo, y los efectivos decidieron abrir una investigación por simulación de hecho punible.
El padrastro del niño esperaba afuera, y como se sintió acorralado por la cantidad de horas que la mujer estuvo encerrada en interrogatorio, decidió irse sin decir nada.
En paralelo, una comisión del Cicpc acudió a la casa de la pareja para verificar y hacer una experticia general de la zona. Los funcionarios ya sabían que la mujer y el padrastro mentían, y debían encontrar al niño lo más pronto posible.
Al padrastro lo rastrearon telefónicamente y determinaron que había huido a la población de Birongo, en Barlovento.
En ese lapso, los delincuentes que tenían al niño se comunicaron con él y le manifestaron que iban a matar al pequeño y dejarían el cadáver detrás de su casa «porque los habían delatado y la policía estaba en el barrio». Así mismo lo confesó el sujeto a una hermana, de nombre Daniela Gil, quien contó todo a los policías que detuvieron al hombre en Birongo.
De inmediato se envió una comisión del Cicpc a la vivienda en Caricuao para verificar si efectivamente estaba el cuerpo del niño, y así fue. Lo encontraron a 40 metros de la casa, en una zona montañosa, dentro de una bolsa gigante de perrarina de color verde, al lado de un árbol. Nunca lo enterraron. El cadáver presentaba una herida abierta en el abdomen.
La pareja finalmente confesó todo, pero aún falta determinar la identidad de los autores materiales del crimen y capturarlos. En relación con el viaje a Panamá, el padrastro dijo que él sí había trabajado como chofer allá con un hermano, pero no tenía planes de regresar a ese país por el momento, pues tenía que pagar la deuda y después reunir dinero para irse.
También dijo en su declaración que era cómplice del plan de su pareja, y que «le habían entregado el niño al Diablo». Nunca delataron a los dueños de la droga.
