Las recientes lluvias que azotaron el occidente venezolano son una advertencia urgente: la crisis climática es una realidad presente. La onda tropical número 9 ha dejado a los estados andinos de Mérida y Trujillo, además de Barinas, sumidos en una emergencia que, aunque no ha cobrado vidas, sí ha producido estragos en la infraestructura, ha aislado comunidades enteras, ha dejado viviendas inutilizables y ha interrumpido servicios públicos esenciales como el agua y la electricidad.
En Mérida, nueve municipios reportan afectaciones graves; en Trujillo, al menos cuatro están en emergencia y 30 viviendas han sido dañadas por desbordamientos de ríos y quebradas; en Barinas, sectores como Socopó y Los Guasimitos sufrieron inundaciones, mientras que la Troncal 007 y otras vías quedaron intransitables. El escenario es desolador y se repite cada año con preocupante familiaridad. ¿Hasta cuándo seguirá Venezuela reaccionando en lugar de anticiparse?
Si bien el despliegue de maquinarias y funcionarios por parte del gobierno para atender la emergencia es necesario, no es suficiente. Las lluvias no deberían tomarnos por sorpresa. Cada temporada de ondas tropicales —que pueden superar las 60 al año en el Caribe— agrava la fragilidad de un país que carece de sistemas eficientes de alerta temprana, planificación territorial y mitigación de riesgos.
Frente a amenazas similares, muchos países han optado por invertir no solo en obras de infraestructura, sino también en conocimiento, prevención y participación ciudadana. Un ejemplo es Colombia, donde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) ha permitido establecer mapas de riesgo, sistemas de alerta temprana por cuencas hidrográficas, simulacros comunitarios y planes de evacuación. Aunque no es infalible, ha salvado miles de vidas.
En Brasil, la ciudad de Curitiba ha combinado planificación urbana sostenible con infraestructura verde: parques y canales naturales permiten absorber el agua excedente y evitan que los barrios más vulnerables se inunden. En México, el programa de reforestación en cuencas altas ha demostrado que proteger los bosques es proteger también las ciudades aguas abajo.
Venezuela, en contraste, no ha vivido un proceso similar. Organismos como Protección Civil y el Inameh hacen lo que pueden, pero carecen de presupuesto, de tecnología y, muchas veces, de respaldo de otros actores de la sociedad. Mientras tanto, la población se entera de una emergencia cuando ya está demasiado cerca el peligro.
¿Qué hacer? Pues es posible emprender la búsqueda de soluciones por muchos caminos. Reactivar la planificación territorial es uno de ellos. Muchas de las zonas afectadas son áreas de riesgo conocidas, donde desde hace años no debería permitirse construcción de viviendas. Es fundamental actualizar los catastros, los mapas de riesgo y prohibir nuevas edificaciones en zonas inestables, laderas o cauces de ríos.
La inversión en infraestructura resiliente también urge. Y es que no se trata solo de reconstruir puentes o carreteras después de un desastre, sino de construir con materiales y diseños que soporten eventos extremos.
Alertas tempranas comunitarias: un sistema nacional de alerta debe ir más allá de publicar pronósticos en redes sociales. Radios comunitarias, alarmas vecinales, mensajes SMS y entrenamiento ciudadano son parte de un modelo descentralizado y efectivo. La educación ambiental y climática también es necesaria, desde las escuelas hasta las organizaciones vecinales. Hay que formar a la población en cómo actuar frente a lluvias intensas, cómo evacuar a tiempo, cómo cuidar sus hogares y cómo exigir políticas públicas.
Fortalecer la gobernanza local: alcaldías y gobernaciones deben tener recursos, autonomía y preparación para actuar ante emergencias. La centralización excesiva en Caracas solo retrasa la respuesta y desconoce las particularidades regionales. La cooperación internacional técnica: organismos multilaterales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Banco Mundial ofrecen asistencia y recursos para construir resiliencia climática. Venezuela debe reinsertarse en esos circuitos y buscar apoyo, dejando por fuera sesgos ideológicos.
La emergencia actual no debe ser vista solo como una tragedia, sino como una oportunidad para aprender y transformar. Cada vivienda colapsada, cada vía cerrada y cada niño que no puede ir a la escuela por una lluvia es un llamado de atención sobre políticas públicas a la altura del desafío climático. No podemos seguir actuando como si la solución fueran sacos de arena en los márgenes de un río o la presencia de maquinaria pesada solo después del desastre. Necesitamos anticipación, prevención y visión de largo plazo.
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