Caracas, 26 sep (EFE).- La abogada venezolana Linda Loaiza López Soto, quien fue secuestrada, torturada, mutilada y violada en 2001, denunció este jueves impunidad por parte del Estado tras seis años de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a su favor.
«Hoy, 26 de septiembre, se cumplen seis años del dictamen de la sentencia (López Soto), cada uno de esos años he venido solicitando al Estado venezolano cumplimiento de su obligación de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos», escribió Loaiza en la red social X.
La abogada dijo que no puede ser «tan costoso» para las víctimas, especialmente para las mujeres, lograr la justicia por los «atroces delitos cometidos contra nosotras, en este caso, totalmente comprobados y juzgados en una corte internacional».
«Seis años han transcurrido de esa sentencia y para el Estado venezolano su existencia es letra muerta, esta realidad es una de las razones que profundizan la falta de garantías para que las mujeres podamos llegar a vivir una vida libre de violencia», apostilló.
En 2018, la CIDH encontró al Estado «responsable por los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda Loaiza López Soto», quien fue secuestrada por un hombre el 27 de marzo de 2001 cuando tenía 18 años, hasta que, casi cuatro meses después, el 19 de julio de ese año, fue rescatada por las autoridades en pésimas condiciones de salud.
Los jueces de la CIDH dieron por probado que, durante el periodo que estuvo secuestrada, «fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual, incluyendo la ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos, privación de alimentos, reiteradas violaciones vaginales, anales y con objetos».
Según la sentencia, también fue víctima de «golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, los pabellones auriculares, el tórax y el abdomen, fractura de la nariz y la mandíbula, entre otros«.
En el proceso penal interno de Venezuela, se celebraron dos juicios orales, ya que el primero fue anulado, según la CIDH, y a raíz del segundo proceso penal, el agresor, identificado como Luis Carrera Almoina, fue condenado por los delitos de privación de libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto por violación.
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