Lima, 22 mar (EFE).- El número total de víctimas mortales de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en Perú llegó a 77, tras el fallecimiento este martes de un joven de 22 años que se encontraba en grave estado tras haber recibido hace más de dos meses el impacto de 36 perdigones en la ciudad de Cuzco.
El fallecimiento en un hospital de Lima de Rosalino Flores, quien fue herido el pasado 11 de enero, elevó a 49 los fallecidos de manera directa por la represión de las manifestaciones.
Su muerte fue confirmada por la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la congresista izquierdista Ruth Luque.
La Defensoría reiteró su pedido para que la Fiscalía «realice una investigación exhaustiva y diligente de los hechos, a fin de que responsables sean sancionados» y la CNDDHH expresó su «solidaridad y profundo pesar» a la familia de Flores.
Luque, quien también manifestó su «solidaridad y condolencias» a su familia, había informado previamente que este miércoles se cumplían dos meses del traslado del joven al Hospital Arzobispo Loayza, de Lima, donde permanecía en cuidados intensivos y solo recibía «nutrición parenteral» (por vía intravenosa).
Flores, quien era estudiante de Gastronomía, recibió el impacto de perdigones disparados desde muy cerca por agentes de la Policía Nacional que reprimían a los manifestantes, según afirmó poco después del incidente su hermano Juan José y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.
«Mi hermano vino a apoyar a los heridos, a los asfixiados que estaban con las bombas lacrimógenas, él no llevaba nada de armas, ni de piedras en la mano, y le dispararon», declaró su hermano al portal de investigación Ojo Público, un relato que corroboran las cámaras de seguridad.
Añadió que el impacto de los perdigones se produjo «más o menos de cuatro a cinco metros de distancia» y que estos afectaron el intestino delgado y grueso, además de un riñón y un pulmón, por lo que el joven debió ser operado de urgencia.
Este caso se suma a los de otros 48 civiles que, según datos de la Defensoría del Pueblo, murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía fue quemado vivo y otras 11 personas debido a bloqueos de carreteras por manifestantes.
Boluarte confirmó otro fallecimiento de un paciente que quedó retenido en los bloqueos, y Unicef el deceso de un bebé nonato, mientras que la Policía reportó la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad.
El primer ministro, Alberto Otarola, confirmó el 19 de enero el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos.
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El 6 de marzo se confirmó la muerte de 6 militares, que se ahogaron al intentar cruzar un río, supuestamente para evitar un enfrentamiento con manifestantes de la región sureña de Puno.
