Francisco González Cruz
Los venezolanos estamos cerca de lograr el avance más importante y sustantivo en la ya larga y costosa lucha por la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la participación de la comunidad cívica, para que nuestro país pueda tomar el camino del desarrollo humano integral.
La ruina que sufrimos tiene principal causa en los severos déficits de esas condiciones que son fundamentales para que un país prospere, como está ampliamente demostrado con solo ver la lista de los países exitosos. Estas carencias en nuestro caso están agravadas por una gigantesca corrupción, que se estima en la monumental cifra de más de 100 mil millones de dólares. Según Transparencia Venezuela “hasta ahora, solo se conoce la cantidad de dinero comprometida en 61% de las causas registradas, que asciende a USD 68.311.087.395,591, un monto equivalente a 7 veces las reservas internacionales de Venezuela, estimadas en USD 9.532.000.000 para marzo de 2023, de acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela”.
Venezuela ocupa el deshonroso lugar, por noveno año consecutivo, de ser el país más corrupto de América Latina y uno de los 4 países más corruptos del mundo, los otros tres son Sudán del Sur, Siria y Somalia, y estamos por debajo de Yemen, Libia, Corea del Norte y Haití. Las consecuencias de este latrocinio generalizado las conocemos y sufrimos a diario.
El respeto a la libertad humana es la principal característica de las sociedades exitosas, sin ella no hay bienestar alguno. Pues bien, el Índice de Libertad Humana que presenta el Instituto Cato fundamentado en 85 indicadores que abarcan la libertad personal, civil y económica, ubica a Venezuela en el puesto 163 de un total de 165 países. En el Índice de Libertad Económica, que es fundamental para que se fomente una economía próspera y se generen puestos de trabajo, nuestro país ocupa desde hace varios años los últimos puestos, junto a Zimbabue, Siria y Sudán.
Luego está la democracia que permite la libertad, el pluralismo, la participación y el control del gobierno, la alternabilidad, la separación de los poderes públicos, la autonomía de los órganos del poder judicial, entre otras virtudes. Venezuela, junto a Cuba, Haití y Nicaragua, son los países autoritarios de América Latina, y en el mundo alcanzamos una puntuación de 2,23 sobre 10 y ocupamos el lugar 147 de entre 167 países.
La tercera de las condiciones para el bienestar de un país es el “Estado de Derecho” junto a la libertad y la democracia. Pues bien, según el Índice de Estado de Derecho elaborado por “World Justice Project” Venezuela ocupa el último lugar en América Latina por debajo de Haití y Nicaragua, y lidera los peores rankings a escala mundial.
La cuarta condición es el llamado “Capital Social” o la calidad de la comunidad cívica, referido a la densidad de organizaciones de la sociedad civil, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la confianza entre las personas y entre estas y las instituciones públicas y privadas. Las mediciones existentes en nuestro país acusan un grave déficit de organizaciones civiles, muchas dificultades y amenazas para su funcionamiento y una gravísima crisis de confianza, particularmente severa en el caso de las fuerzas de seguridad pública, fuerzas armadas, entidades públicas y poder judicial.
Frente a todo esto los venezolanos tenemos, si queremos vivir y convivir aquí con niveles adecuados de bienestar, cambiar esta lamentable realidad e ir a una nueva que permita el despliegue de las virtudes y potencialidades que tenemos. Y aquí cerca están las elecciones primarias, que no sólo son una oportunidad que tenemos para darle autoridad a un liderazgo renovado y fresco, sino además para rescatar la esperanza y disponer de los talentos capaces de enfrentar con sabiduría y amplitud, los enormes desafíos por delante.
Llagamos a esta situación gracias a un portentoso esfuerzo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) integrada por la sociedad civil, sindicatos, militares retirados, los partidos políticos y los diputados de la Asamblea Nacional electos para el período 2016-2021, que creó la posibilidad de una selección de la candidatura presidencial mediante unas elecciones primarias y designó una Comisión Nacional integrada por gente independiente para organizarlas. La plataforma es parecida a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que tantos éxitos tuvo hasta que el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitó.
La muy acertada decisión de poner al frente de la Comisión de Primarias al prestigioso abogado Jesús María Casal, junto a un valioso equipo de personas decentes y preparadas como: Mildred Camero, Corina Yoris-Villasana. Carmen Martínez de Grijalva, Ismael Pérez Vigil, Víctor Márquez, Guillermo Tell, Roberto Abdul-Hadi, Rafael Arraiz Lucca y Víctor Márquez despertó la confianza del país. El mismo criterio fue seguido para la designación de las comisiones de los Estados.
El proceso conducido por la Comisión ha sido impecable, en medio de mil dificultades y zancadillas. Las campañas se han adelantado y han sabido sortear las grandes dificultades, lo que ha despertado el entusiasmo de mucha gente, que abre nuevas y fuertes esperanzas a la movilización de los venezolanos para una jornada exitosa.
Frente a la cercanía del 22 de octubre, fecha de las elecciones, los venezolanos sabremos reconocer la grandeza y el coraje de las comisiones de primarias, de la mayoría de los partidos políticos y sus candidatas y candidatos, de muchas organizaciones civiles, de familias y personas, que vemos cercana la posibilidad de que Venezuela cambie el rumbo y que encontraremos el camino de la libertad, la democracia, la decencia, el Estado de Derecho, y, con ello, los caminos del bienestar.
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