Lima, 29 ene (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, asumió su cargo en medio de una grave crisis política y social que no ha dejado de crecer desde diciembre pasado, mientras su país también ha sido testigo de frases polémicas de la mandataria, que, para muchos, han podido encender, aún más, la chispa del estallido social.
El pasado 7 de diciembre, la primera mujer gobernante en la historia de Perú juró concluir el período del destituido Pedro Castillo, en 2026, cuando muchas voces ya comenzaban a pedir un adelanto de elecciones, tras el agudo enfrentamiento protagonizado por el Ejecutivo y el Congreso durante más de un año y medio.
Tan solo seis días después y mientras las protestas en las regiones del sur comenzaban a reportar los primeros fallecidos, Boluarte dio un giro al asegurar que el suyo era «un Gobierno de transición» y que no entendía por qué los ciudadanos se levantaban «en contra» de su gestión.
Poco después se presentaría una de las jornadas más violentas de las protestas que exigen, entre otros puntos, la renuncia de la mandataria, con la muerte de 9 personas en la región de Ayacucho, a las que se sumarían a lo largo de ese mes otras víctimas en las regiones de Apurímac, Arequipa, La Libertad, Cuzco y Junín.
Pero fue desde que las protestas arrancaron nuevamente en enero, tras una tregua por las fiestas de fin de año, cuando muchas de sus declaraciones generaron mayor controversia, en medio de un escenario convulso de toma de carreteras, vandalismo y enfrentamientos que han dejado, hasta el momento, 65 fallecidos.
«¿En protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo», se preguntó en voz alta Boluarte el pasado 9 de enero, cuando comenzaba una reunión del foro del Acuerdo Nacional, que poco después tuvo que ser suspendida sin llegar a ningún acuerdo.
En aquel momento, se acababa de confirmar la primera de las 17 muertes que dejarían como saldo, en esa sola jornada, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en la ciudad de Juliaca, en la sureña región de Puno, entre ellas un estudiante de Medicina que socorría heridos, y un menor de edad.
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Desde aquel día, el más mortífero desde que comenzó el estallido social en Perú, las protestas contra la gestión de quien fue vicepresidenta de Castillo han seguido sumando víctimas mortales, lo que ha llevado a la Fiscalía a anunciar dos investigaciones preliminares contra la gobernante.
INFORMACIONES «EXTRAOFICIALES»
Tras aquella trágica jornada, Boluarte se refugió durante más de cuatro días en el silencio, hasta que la noche del siguiente viernes dio un mensaje a la nación en el que pidió «perdón» si se «equivocó en encontrar la paz y la calma» en su país.
Atribuyó, sin embargo, el «desorden y el caos» a «sectores extremistas» que, según dijo, tienen «claros intereses subalternos» y buscan «destruir la institucionalidad y la democracia».
Desde entonces, la mandataria ha defendido en varias ocasiones la «conducta inmaculada» de las fuerzas del orden y reiterado que, detrás de las «justas demandas» de los manifestantes, se esconden intereses de grupos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Incluso, en una ocasión, se refirió a las protestas como «acciones terroristas».
Boluarte, quien en varias ocasiones ha aparecido vestida de blanco, se ha referido posteriormente a aparatos «paramilitares» supuestamente azuzados por Castillo y acusado a grupos fieles al exmandatario boliviano Evo Morales de supuestamente ingresar balas ilegales por la frontera con ese país.
A pesar de la gravedad de estas acusaciones, señaló que se basaba en informaciones «extraoficiales» que, poco después, fueron rechazadas por el Gobierno de Bolivia, que sostuvo que esas insinuaciones buscan «generar una cortina de humo» para que no se hable de lo que «realmente está sucediendo» en Perú.
«LA SITUACIÓN ESTÁ CONTROLADA»
Entre las declaraciones más sonadas de Boluarte también figura la que expresó el 19 de enero, cuando miles de manifestantes llegados de distintas regiones del país se concentraron en la capital peruana para participar en la denominada «Toma de Lima».
«La situación está controlada y estará controlada», aseveró la mandataria, mientras se registraban duros enfrentamientos en las calles y un incendio de grandes dimensiones, cuyo origen aún es un enigma, consumía una casona del centro histórico de Lima.
Al día siguiente, un tanqueta irrumpió, juntos a cientos de policías, en la Universidad de San Marcos, la principal del país y la más antigua de América, donde se alojaban cientos de manifestantes antigubernamentales.
La última frase polémica de la gobernante se conoció el pasado martes, cuando en una conferencia pidió una «tregua nacional» antes de afirmar que Puno, la región fronteriza con Bolivia que es uno de los epicentros de las protestas, «no es el Perú».
Esta frase atizó tal oleada de críticas que su despacho se disculpó por si hubo «malinterpretaciones», tras aclarar que «no fue una expresión de discriminación ni soberbia» y reiterar su «llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación» que, hasta el momento, no ha tenido mucha acogida en el país.
David Blanco Bonilla y Carla Samon Ros
