La Paz, 20 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afrontará su primera prueba electoral en los comicios regionales de este domingo, en los que buscará consolidar su proyecto político mediante el control de alcaldías y gobernaciones, aunque con una estrategia difusa marcada por candidaturas oficialistas consideradas «débiles» en sitios clave, según analistas.
Tras ganar las elecciones generales de agosto y la segunda vuelta presidencial en octubre, el centrista Paz no irá con el mismo partido político, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), a los comicios del domingo, en los que se elegirá a 5.432 autoridades departamentales y municipales, incluidos los gobernadores de las nueve regiones del país y 335 alcaldes.
Paz y su agrupación Primero la Gente (PG) formaron la coalición Unidos por la Patria con partidos y liderazgos regionales, como el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, férreo opositor de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) que buscará la reelección en ese departamento, el más poblado del país.
En La Paz, el presidente se alió con el exalcalde Luis Revilla, que ahora aspira a la gobernación de ese departamento, donde están las sedes del Gobierno y el Legislativo nacional, y en Cochabamba, la tercera región que integra el llamado «eje central» boliviano, el candidato oficialista es el empresario Wilfredo Morales.
En las elecciones regionales de 2010 y 2015, el entonces gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) logró seis gobernaciones y más de 220 alcaldías, mientras que en 2021, quedó con tres Gobiernos departamentales y ganó 240 alcaldías.
En estos comicios, el MAS participará bajo la alianza Unidos por los Pueblos, después de que en las recientes elecciones generales apenas logró el porcentaje necesario para no desaparecer.
El analista político Gonzalo Mendieta dijo a EFE que desde que en Bolivia se puso en marcha la descentralización en la década de los años 1990, «tener muchos municipios supone una maquinaria adicional para reproducir la política».
«No es que sea un escenario para elogiar, pero esa es la realidad. Entonces, creo que para cualquier Gobierno, tener una irradiación territorial es un asunto crucial», comentó.
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En este sentido, al Gobierno de Paz debiera interesarle «que su gente esté ubicada en cuantos más municipios y gobernaciones se pueda», pero no está clara su estrategia por las candidaturas elegidas, por ejemplo, para las alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las principales ciudades capitales, que están «entre las más débiles», apuntó.
En las tres ciudades, los candidatos oficialistas aparecen abajo en la única encuesta preelectoral difundida en febrero.
Mendieta afirmó que la «evidente» aceptación que tiene Paz (65 % según una reciente encuesta) tal vez no «le alcance para transmitir votos a sus patrocinados» y que los únicos que «están logrando un papel» en estos comicios son los que tienen marca «propia», como Camacho y Revilla.
A su juicio, la «batalla estratégica» para Paz se librará en Santa Cruz, donde la disputa por la gobernación está entre Camacho y el excandidato vicepresidencial Juan Pablo Velasco, de Libre, la principal fuerza opositora en el Parlamento.
También señaló que el Ejecutivo «vive la realidad política» boliviana, que es «bastante líquida, sin partidos estables», por lo que consideró que, aunque sus candidatos no sean elegidos, «al final el Gobierno pueda lograr un pacto muy pragmático con quienes resulten ganadores».
El mandatario no ha participado activamente en las campañas oficialistas, a diferencia de lo que ocurría cuando Morales y Arce fueron presidentes.
Paz dijo hace unos días que «por primera vez en los últimos veinte años» el Gobierno participará en unas elecciones regionales «sin querer direccionar la voluntad del pueblo boliviano».
Quien sí ha estado muy activo es el vicepresidente Edmand Lara, declarado «opositor» a Paz, que tiene a algunos candidatos en distintas alianzas, a falta de partido propio.
Según Mendieta, el poder de Lara está «disminuido» por su pelea con el Gobierno, por lo que lo ve «poco influyente».
La expectativa gubernamental también es que, una vez elegidas las nuevas autoridades regionales, se pueda avanzar con reformas como la promesa electoral de Paz del «50/50», para una nueva distribución de los recursos del Estado.
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