Ciudad de México, 31 may (EFE).- Las elecciones más grandes de México también pasarán el domingo a la historia como las más violentas, con al menos 30 aspirantes asesinados y más de 200 homicidios políticos, mientras la oposición denuncia que el crimen organizado pone en riesgo los votos en casi un 30 % del territorio.
En las últimas horas de la campaña mataron el miércoles con dos tiros en la nuca a Alfredo Cabrera, candidato de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México a alcalde de Coyuca de Benítez, en el sureño estado de Guerrero.
«Esta ha sido la elección más violenta en la historia moderna de nuestro país. En términos duros, de cifras, de septiembre de 2023 al 26 de mayo de 2024, a una semana de la elección, hemos contabilizado 749 víctimas totales de ataques de violencia», declara Armando Vargas, consultor sénior de Integralia, a EFE.
Integralia, consultoría política, reportó 150,5 % más agresiones en este proceso electoral, que comenzó oficialmente en septiembre, frete a los pasados comicios intermedios de 2021, lo que incluye asesinatos, atentados armados, amenazas, secuestros y desapariciones.
Documentó 34 asesinatos de aspirantes, una cifra que se eleva a 231 homicidios al considerar también a funcionarios o exfuncionarios, políticos, familiares y víctimas colaterales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció el martes el asesinato de 22 aspirantes, pero organizaciones independientes registran más. Data Cívica reporta 31, Causa en Común documenta 32 y DataInt registra 38.
Esta diferencia refleja que el «Gobierno federal sigue negando la realidad violenta del país», opina Nancy Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común.
La violencia baja la participación
Al analizar comicios anteriores, Data Cívica encontró que por cada agresión a un candidato la participación en la localidad en cuestión baja un 1,3 % y si la víctima es un político en funciones, como el alcalde, la caída es de 3 %, explica a EFE la portavoz de la organización, Itxaro Arteta.
«Sin duda, esto es un debilitamiento a la democracia porque la ciudadanía tiene miedo de salir a votar, o no le ve sentido a salir a votar, si parece que el crimen es quien está dominando, quien define quién puede ser candidato, quién hace campaña», advierte Arteta.
El Instituto Nacional Electoral (INE) estimó el jueves que 168 centros de votación no se habilitarán el domingo por motivos como inseguridad y, la mayoría, por «conflictos politicosociales».
Principales víctimas: candidatos locales y opositores
Nueve de cada diez víctimas de asesinato buscaban un puesto municipal, detalla el consultor de Integralia, lo que «fortalece la hipótesis de que la violencia política es un mecanismo de intervención del crimen en las elecciones».
Además, la mayoría eran opositores al gobierno local y esto «sugeriría que los grupos criminales podrían estar impulsando ciertos proyectos políticos para expandir sus redes de impunidad eliminando a las amenazas, es decir, a las candidaturas de oposición».
Aún así, Data Cívica señala que más de un tercio de las víctimas de agresión son del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como Gisela Gaytán, candidata a alcaldesa de Celaya, en el estado de Guanajuato, donde murió asesinada el 1 de abril en uno de los atentados de mayor perfil.
¿Protección del Estado?
La Secretaría de Marina (Semar) informó el martes de 3.474 agentes de las Fuerzas Armadas que protegen a 553 candidatos y reiteró un despliegue de 27.245 efectivos para el operativo de seguridad de las elecciones, que se sumarán a los 233.543 que ya realizan tareas de seguridad pública.
Pero candidatos han muerto pese a esta protección, como Cabrera, quien tenía escoltas de la Guardia Nacional (GN), lo que muestra que el protocolo «no ha funcionado adecuadamente», según la investigadora de Causa en Común.
La preocupación por la seguridad crece porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia, con más de 98 millones de votantes convocados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, los 128 senadores y los 500 diputados, así como nueve gobiernos estatales.
La situación «está muy bien focalizada» en zonas con violencia del crimen organizado, como Chiapas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Zacatecas, argumenta Canjura.
Mientras que Arteta advierte de que «esto no se acaba después de la elección» porque «suelen incrementar los niveles de violencia en general en los municipios que viven este tipo de violencia política».
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