Los habitantes de Las Claritas y Kilómetro 88, al sureste del estado Bolívar, conviven con el temor y la incertidumbre a una semana del inédito operativo militar estadounidense que neutralizó a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. De acuerdo con un reporte del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en la región minera impera el silencio y el miedo a posibles represalias.
La intervención conjunta comenzó la mañana del martes 9 de junio de 2026. Pobladores de la zona recuerdan el sobrevuelo a baja altura de helicópteros y fuertes detonaciones en las áreas de extracción de oro. Posteriormente, se conoció la magnitud del despliegue enfocado en desmantelar las células de la megabanda transnacional Tren de Aragua que controlaban la zona.
Sin embargo, para parte de la población local, el operativo esconde un trasfondo geopolítico: la acción militar coincidió con la llegada de inversionistas extranjeros al municipio El Callao, donde se realizó una inspección técnica en la estatal Minerven.
“La limpieza de las minas es para entregarlas a los gringos. Lo que no se sabe ahora es qué va a pasar con los mineros. Hay mucha gente inocente que lo que trabaja es para mantener a sus familias. Y en el pueblo hay mucha gente que se beneficia del comercio por el movimiento constante que hay. Ahora no sabemos qué viene”, expresó una vecina de Las Claritas que pidió proteger su identidad.
Dudas sobre la ejecución del ataque
La noche del viernes 12 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que coordinó un ataque letal contra Guerrero Flores, líder de la organización criminal Tren de Aragua. Posteriormente, el gobierno de Delcy Rodríguez confirmó la información.
A pesar de los comunicados oficiales, el escepticismo persiste en las comunidades. No se conoce con precisión la fecha exacta del fallecimiento de Guerrero Flores; los habitantes dudan si ocurrió el mismo viernes del anuncio de la Casa Blanca o el martes, cuando se registraron los combates más intensos en los yacimientos.
El Estado venezolano mantiene silencio sobre otros detalles del caso. El Estado venezolano previamente había sido acusado de complicidad y de permitir la presencia de grupos irregulares armados que tomaron el control de las minas.
“El día después de que dijeron lo de la muerte de Niño Guerrero, solamente escuchamos helicópteros, autobuses saliendo y mineros abandonando las minas. El viernes lo que se escuchó fue una explosión, los helicópteros y vimos una nube de humo negro. El pueblo como si no pasara nada, pero pendientes de lo que pueda ocurrir”, dijo una comerciante de Kilómetro 88, quien también pidió proteger su nombre.
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Los testigos dijeron a Provea que tienen miedo por posibles represalias.
«Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas ni asistencia institucional», denunció Provea.
La organización exigió que la lucha contra el crimen organizado se realice resguardando la seguridad y los derechos fundamentales de la población.
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