La Universidad de Los Andes, continúa siendo blanco de quienes quieren destruir el patrimonio de más de doscientos años de historia académica, cultural y social. Los hechos más recientes han sido denunciados por estudiantes, trabajadores y profesores, sin conocerse públicamente resultados a favor de la universidad y los universitarios.
Hace pocos días, fue desmantelado el depósito de la Facultad de Arquitectura y Diseño, de donde se llevaron hasta el techo. Aun se desconocen las acciones legales correspondientes para frenar los robos, ni mucho menos se conocen a la fecha resultados de las investigaciones policiales. En la ULA es bien conocida la frase “Nadie vio nada”.
Por otra parte, tampoco existe respuesta positiva para la universidad, sobre la apropiación de equipos e instalaciones, animales y producción en el Núcleo Universitario Alberto Adriani, donde un grupo de personas ajenas a la institución, hacen lo que quieren, sin que las autoridades de seguridad logren restaurar la legalidad, a pesar de las denuncias realizadas por el director del NUAA, el profesor Alarcón, ante la Defensoría del Pueblo y demás instituciones responsables de mantener la ley y el orden.
Otra denuncia realizada, esta vez por el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, aseguran fueron realizados actos de Santería en espacios del Estadio Ulpiano Cobos Bueno, ubicado en el sector Campo de Oro, municipio Libertador, estado Mérida, perteneciente a la Universidad de Los Andes, accediendo sin autorización. En este hecho se evidencia laparticipación del concejal Juan Carlos Uzcategui, según fotos publicadas por los denunciantes, asegurando además también causaron daños a cerraduras y puertas de las instalaciones.
Como guinda al pastel, con los recientes anuncios realizados desde personeros del oficialismo, el precario salario de todos los universitarios, pasa a ser cancelado a través sistema Patria, quitando de un tajo esa potestad a los vicerrectores administrativos, dejando a las universidades sin dinero, pues ya no recibía el presupuesto necesario para los gastos operativos y ahora tampoco pagarán los mal llamados “sueldos” insuficientes por demás, hasta para cubrir los gastos del transporte público, que por cierto, tampoco reciben billetes de Bs 500 a pesar de mantener su legalidad, según anunció Benjamín Lara, presidente del Sindicato de Transporte en Mérida.
Las reacciones de descontento no se han hecho esperar. Todos los sectores coinciden es que se está violando la autonomía universitaria, tampoco existen condiciones para su funcionamiento, ni posibilidad de facilitar las medidas de bioseguridad, servicios básicos como agua, electricidad, internet, transporte, combustible, en fin.
Los universitarios más antiguos, lamentan la agonía de Mamá ULA. Mientras los más jóvenes deben resolver los gastos buscando otras alternativas y los estudiantes que apenas inician o egresan como bachilleres, colocan su mirada en otros países como alternativa de sobrevivencia, muchos alejándose del sueño de caminar por el patio central de edificio del Rectorado, portando toga y birrete, rumbo al Aula Magna, viendo con triste envidia a los recientes 518 graduandos de pre y post grado, esperando por un milagro que evite sean, estos egresados, los últimos de la historia ulandina.
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