La defensa de los 10 imputados presos en Ramo Verde prepara las evidencias de las torturas a 4 de ellos para presentarlas en la Defensoría del Pueblo, y que este organismo se encargue de las averiguaciones pertinentes, aseguró Alonso Medina Roa, uno de los abogados de 4 de las 10 personas que sufrieron tratos crueles, reseñó este miercóles El Pitazo.
Indicó que también recolectan las pruebas con la finalidad de enviarlas al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas “y ante cualquier instancia internacional que vaya surgiendo”, afirmó.
Medina Roa informó que tenían inflamación en los tobillos, heridas en la muñeca, ruptura de nariz y golpes en la zona abdominal. “La tortura en la Dirección General de Contrainteligencia Militar parece ser sistemática”, dijo. Recordó cuando el ex capitán Juan Carlos Caguaripano se encontraba detenido en el DGCIM y recibió tratos crueles por parte de los funcionarios de ese organismo castrense.
Señaló, además, que durante la audiencia realizada el viernes pasado en el Tribunal Segundo de Control Militar se presentaron estas evidencias de tortura y se le hicieron exámenes médicos forenses para determinarlo.
Las 10 personas presas en Ramo Verde –8 militares y 2 civiles– presentaron signos de maltrato durante su reclusión en la sede del DGCIM en Boleíta, afirmó Medina Roa. Fueron imputados por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de bienes de las Fuerzas Armadas. Los 10 imputados quedaron identificados como los primeros tenientes Eduardo Amaya, Jhoander Cerba, Anderson Pérez, Simón Torres, Alberto Mata, Gustavo Sandoval, Robert Escalona; el teniente Carlos Arias y los civiles Joaldy Dayo González y Jean Carlos Urdaneta, y fueron aprehendidos entre el 8 y 10 de enero. De acuerdo con las autoridades gubernamentales, están presuntamente relacionados con el ex inspector Oscar Pérez.
Medina Roa puntualizó que no hay evidencia alguna que señale relación de esas 10 personas con Pérez. Y apuntó que el daño recibido en la sede del DGCIM, en Boleíta, viola la Ley contra la tortura, tratos crueles y degradantes está establecida en la legislatura venezolana.
Denuncian 31 detenciones
La Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga la masacre de El Junquito ha contabilizado 31 detenciones arbitrarias por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Todas estas detenciones, aseguró Delsa Solórzano, presidente de la comisión, están vinculadas al caso del ex inspector del Cicpc Oscar Pérez. “Se trata de personas que de alguna manera son allegadas a Pérez”, indicó Solórzano. La diputada señaló: “Incluso, los que fueron empleadores de los asesinados temen por su seguridad”.
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