Madrid, 27 dic (EFE).- La Superliga tendrá en unos meses una respuesta jurídica sobre su suerte, después de un nuevo año de incógnita sobre un proyecto que mantiene la fidelidad de Real Madrid, Barcelona y Juventus y el contundente rechazo de la UEFA y de las Ligas y asociaciones de aficionados de Europa.
Aunque debe seguir a la espera de que quince jueces del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronuncien de forma definitiva, probablemente en la primavera de 2023, su nombre ha seguido muy presente en la actualidad del año que ahora acaba y en los debates de la parte más sesuda del fútbol y del deporte.
El proyecto despide 2022 con una primera valoración del TJUE que a priori no le beneficia, aunque sus impulsores hacen una lectura diferente y sacan conclusiones positivas.
La conclusión del abogado general del TJUE para el caso, el griego Athanasios Rantos, es que «las normas de la FIFA y de la UEFA que supeditan la creación de cualquier nueva competición a una autorización previa son compatibles con el Derecho de la Unión en materia de competencia».
Su opinión no es vinculante, pero el TJUE estima que sus jueces, a la hora de resolver, siguen la línea de estos dictámenes previos en aproximadamente un 80% de los casos.
Con este mensaje sobre la mesa y mientras se esfuerza en decir que será «una competición abierta y meritocrática», la Superliga asegura que sigue «muy viva» y destaca que el dictamen «deja claro que la UEFA tiene que abrir el acceso al mercado y tener unas reglas muy claras», porque «no puede ser todo a la vez, regular la competición y el acceso al mercado»
Esta frase la pronunció el 16 de diciembre el alemán Bernd Reichard, nombre y rostro del proyecto desde que el pasado octubre fue nombrado director general por la empresa encargada de ayudar a su creación, A22 Sports Management, la firma que denunció a la UEFA y a la FIFA por abuso de posición dominante e impedir la libre competencia que garantizan los tratados de la UE al bloquear su creación.
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Reichard pidió tras su designación dialogar con la UEFA y esta aceptó hacerlo acompañada de ligas, clubes, jugadores y asociaciones de aficionados de Europa a principios de noviembre. La UEFA mantuvo entonces y también ahora que el rechazo al proyecto sigue siendo abrumador. La otra parte insistió en que trabaja para reformar el fútbol y en la necesidad de diálogo.
Aquel encuentro en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) fue uno de los mantenidos este año entre ambas partes después del celebrado en julio en la sede del TJUE en Luxemburgo, donde también LaLiga y la Federación española se alinearon en contra de la Superliga, igual que el estado español.
En paralelo al debate, la primavera pasada se puso en marcha la iniciativa ciudadana lanzada por el colectivo de aficionados europeos, Football Supporters Europe (FSE) contraria al proyecto y encabezada con el lema «Win it on the pitch» y el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid espera el fallo de la corte europea, a la que acudió cuando recibió la denuncia en abril de 2021.
Con una nueva titular, que sí tendrá que resolver según lo haga el TJUE, la jueza Sofía Gil levantó en abril las medidas cautelares que su predecesor, Manuel Ruiz, adoptó un año antes y que evitaron cualquier tipo de sanción a los clubes implicados y obligaron a archivar los procedimientos disciplinarios abiertos a Real Madrid, Barcelona y Juventus por la UEFA.
Esta presentó su nuevo modelo de Liga de Campeones a partir de la temporada 2024/25. Un formato con 36 clubes, cuatro más que ahora, que jugarán ocho rondas para contribuir a que los partidos sean más interesantes, pero siempre con los principios de unidad, solidaridad e inclusión que en su opinión no ofrece la Superliga.
