Por: César Pérez Vivas
En los últimos días, un coro de voceros políticos, analistas y comunicadores ha intentado venderles a los venezolanos una vieja narrativa: que la salvación institucional del país pasa por negociar espacios secundarios con el régimen totalitario de Daisy Rodríguez. Asistimos, una vez más, a una película repetida. La única variable nueva es el rol de Estados Unidos detrás del telón. Sin embargo, quienes conocemos el historial del oficialismo sabemos que el objetivo real de sus 16 procesos de negociación anteriores jamás ha sido democratizar el país, sino un fin mucho más pragmático: ganar tiempo.
El empeño de la cúpula usurpadora por desconocer los mandatos de los artículos 5, 233 y 234 de la Constitución responde a una lógica de supervivencia. En Venezuela, el diseño histórico y constitucional concentra un poder inmenso en la presidencia de la República, al unificar la Jefatura del Estado y la Jefatura del Gobierno. En manos de un proyecto estructuralmente autoritario, este diseño se convierte en un arma letal. Así fue como Hugo Chávez y Nicolás Maduro consolidaron una dictadura criminal que destruyó la República. Por ello, resulta alarmante que sectores de la oposición caigan de nuevo en la táctica oficialista de dilatar los plazos, que apuesta a la desaparición o reducción de la presión geopolítica internacional y a las dinámicas político internas de los Estados Unidos.
Recientemente se ha pretendido «alejar el mingo» de la verdadera solución con propuestas distractoras. Nos anuncian, por ejemplo, un proceso de reinstitucionalización centrado en la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Para quienes creemos en el Estado de derecho y la separación de poderes, un sistema judicial independiente es la columna vertebral de la democracia. Pero en un régimen autocrático que retiene el monopolio de las armas y las finanzas públicas, un TSJ excelso o negociado bajo un reparto de cuotas políticas no es una garantía de cambio. Al contrario: en el momento en que la presión internacional ceda, el Ejecutivo usará la fuerza para desconocerlo.
Esa historia ya la vivimos. En 2015, la sociedad democrática conquistó una mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional. Quienes conocemos la Constitución y entendemos algo de políticos sabemos la importancia, en términos de sus competencias, de un parlamento democrático con tamaña mayoría.
¿El resultado? Nicolás Maduro clausuró fácticamente el Parlamento usando los tribunales y las armas; la presidencia jamás acató una sola decisión legislativa. Lo mismo ocurrirá con un nuevo TSJ si la cúpula usurpadora se mantiene en el control del poder ejecutivo. O con cualquier amago de elecciones parlamentarias, regionales o locales. Recuerden los “padrinos” y “protectores@ enviados desde Miraflores para intervenir los gobiernos regionales y locales.
Desconocer sentencias, arrinconar magistrados o destituir poderes incómodos sigue siendo la opción preferida de quienes hoy detentan el poder.
Mientras el tiempo transcurre y el interinato se prolonga, los riesgos de atornillar la estructura dictatorial se elevan. La reciente propuesta del Ingeniero Enrique Márquez —quien sugiere priorizar elecciones sindicales y gremiales en sintonía con la agenda de resistencia promovida por José Luis Rodríguez Zapatero para postergar los comicios de fondo— es otra piedra en el camino que revela nítidamente lo que se trae entre manos el rodrigato.
Nadie duda de la importancia de los gremios, de la justicia o de reformar el modelo constitucional. Pero todo tiene su momento.
En esta hora de una Venezuela angustiada, deprimida y arruinada, la prioridad absoluta e impostergable debe ser el cambio en el Poder Ejecutivo Nacional, que es desde donde se toman las decisiones que más impactan la vida de los ciudadanos.
Por eso, desde los movimientos políticos democráticos debemos rescatar el espíritu esencial del acuerdo de Panamá. Insistiremos hasta la afonía: la primacía política y jurídica de la nación es fijar un cronograma electoral definitivo con una meta clara: la fecha de la elección presidencial.
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Lunes 24 de agosto del 2026
