En Venezuela, la violencia digital está afectando significativamente la seguridad, la salud mental y la participación social de las mujeres, niñas y adolescentes.
Prensa Codehciu
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ve con preocupación la reducida cobertura de los casos de violencia basada en género en los medios de comunicación regionales. Dicha situación, impide visibilizar una problemática que está vulnerando los derechos de las mujeres.
Según los registros de la organización a través del monitoreo de medios de comunicación regionales y el servicio gratuito de atención psicosocial a sobrevivientes de violencia, hubo un total de 43 casos en el primer semestre del 2024.
Codehciu pudo determinar que la violencia en Venezuela y en el estado Bolívar persiste, y ahora, se ve con mayor frecuencia en los entornos digitales. Según un informe de DataReportal, se registraron 14,05 millones de usuarios de redes sociales en enero del 2024, lo que equivale al 48,2% de la población total del país.
La violencia digital contra las mujeres es una realidad en el mundo. En 2015, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), definió este fenómeno como “los actos de violencia por razones de género que son cometidos, instigados o agravados, en parte o en su totalidad, por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)”
Sin embargo, son pocos los países con marcos legislativos que respondan específicamente a estos delitos. ONU Mujeres determinó que 1 de cada 5 usuarias de internet viven en países donde es extremadamente probable que la violencia digital quede impune.
En el caso particular de Venezuela, en el año 2021 se promulgó la Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se reconoció la violencia informática como un delito en el artículo 68: “Quien utilice las tecnologías de la información como medio para la comisión de los delitos de violencia psicológica, acoso, hostigamiento, acoso sexual (…), será sancionado con un aumento de un tercio de la pena correspondiente al delito.” Aunque no se denomina “violencia digital” comparten características similares.
Crecer en un entorno digital y violento
María, joven de 25 años y creadora digital en Puerto Ordaz, a quien cambiamos su nombre en esta redacción para la protección de su integridad, ha sufrido este tipo de violencia desde que tenía 12 años. Cuando estaba en primaria, en la Ciudad de Valencia, su vecina creó una cuenta en Twitter, con el propósito de humillarla y acosarla sexualmente.
Desde pequeña a María siempre le gustó participar activamente en las redes sociales más populares del momento en su infancia como Heello, Ask.fm, Tumblr y Twitter. Sin embargo, sus publicaciones se volvían virales y recibía violencia constantemente.
Sufrió acoso y burlas. “Me llegaba mucho odio de niñas. Me decían que era una bruta, que tenía retraso mental y que era una imbécil”. Asimismo, “los hombres me decían vulgaridades y comentarios nefastos sobre mi apariencia física. Recibí fotos de nudes (desnudos) de hombres y mujeres adultas.”
Reconoce que esas experiencias fueron traumáticas para ella. “Sentía que yo era la causa de esas reacciones. Que era mi culpa que me hicieran daño”, expresó.
Nunca consideró denunciar. Cuando era pequeña sintió que nadie podía hacer nada al respecto. Zinnia Ron, médico psiquiatra, determinó que las principales barreras psicológicas que enfrentan las mujeres para denunciar la violencia digital son el amor propio, la inseguridad, vergüenza y la culpa.
Impacto de la violencia digital en la vida de las víctimas
Layla, cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad, es una joven adulta de 26 años y creadora de contenido en redes sociales que vive al sur del estado Bolívar. Entre el 2022 y 2023, ella vivió violencia psicológica y digital.
Su pareja de ese momento se comportaba de forma controladora y celosa. “Él llegó a hackearme mis redes sociales. Tenía control de mi cuenta de Facebook y mi Instagram. No sé cómo lo hizo. Un día yo cerré todo y él prácticamente me amenazó diciéndome que si yo no le daba las claves, nosotros íbamos a terminar.”
Tiempo después, cuando terminaron, su exnovio le escribió de forma regular a través de WhatsApp por más de tres meses, a pesar de que Layla se rehusaba a hablar con él.
Asimismo, Layla cree que su exnovio influenció a alguien para publicar un post en la red social Facebook que presuntamente hablaba sobre ella. En el que se decía que una influencer de la ciudad se vendió por 100$. “En mi ciudad como no hay tantos creadores de contenido reconocidos, todo el mundo pensó que era yo. La gente me etiquetaba. Nunca lo desmintieron».
Según la investigación, Sánchez (2014), Análisis jurídico de la figura del delito de difamación en la legislación penal venezolana : “difamar significa desacreditar a una persona respecto a terceros. Supone un ataque a la fama o la reputación de una persona.”
Algunas de las repercusiones psicológicas que experimentó Layla tras esa situación fueron la depresión, ansiedad y el pánico. Asimismo, sufrió náuseas por el estrés y el llanto. “Me sentí muy mal porque empezaron a decir cosas de mí que no son verdad y me dolió mucho, porque yo a lo largo de los años me he esforzado por construir mi reputación.” agregó.
La Dra. Zinnia explica que el acoso, la difamación y la humillación son estresores que pueden detonar cualquier enfermedad en la esfera mental. “Cuando la violencia es frecuente se vuelve un estresor crónico. Esto lleva al paciente a un estrés postraumático agudo, en el cual el paciente pasa a un adaptativo con situaciones ansiosas y elementos depresivos reactivos”.
Layla pensó en denunciar por difamación, pero al no tener seguridad de que su caso iba a ser atendido de la mejor manera posible, prefirió no hacerlo. “Honestamente, no quería desgastarme. Yo pienso que cualquier persona que esté viviendo algún tipo de violencia, tiene que tener la seguridad de que va a ir y se va a poder sentir protegida, se va a poder sentir refugiada y con una solución, porque es horrible sentirse inseguro.” opinó.
Más violaciones con el uso de las TIC
De acuerdo a un informe de Naciones Unidas (2018), los estudios sobre la dimensión de género de la violencia en línea indican que el 90% de las víctimas de la distribución digital no consensuada de imágenes íntimas son mujeres.
Rebeca (nombre cambiado para la protección de la sobreviviente) tiene 37 años, es madre y por un largo tiempo sufrió las consecuencias de la difusión de contenido íntimo sin su consentimiento. Un hombre con el que estaba saliendo le tomó fotografías íntimas sin su permiso.
“Él se paró de la cama y me tomó foto desnuda. Yo me sentí asustada y le dije ¿qué vas a hacer con esas fotos? y él me dijo: son para mí, yo las voy a guardar”, contó. A partir de ese momento Rebeca comenzó a desconfiar de él.
Con el tiempo, empezó a acosarla, amenazarla, hostigarla, asediarla, invadir su espacio privado. “Me comenzó a dar miedo y empecé a alejarme. Él me dijo que, si yo no volvía a tener relaciones con él, iba a publicar mis fotos desnudas para que todos mis conocidos lo vieran”.
El abogado Julio Vázquez, define el delito de la sextorsión “como una extorsión, en donde el sujeto lo que busca es amenazar a una mujer con que va a mostrar imágenes o algún tipo de información de la mujer a cambio de favores sexuales.”
Rebeca se negó a tener relaciones sexuales con el agresor y a los pocos días él difundió las fotos. “Comencé a vivir la peor tragedia que puede vivir una mujer. Salir a la calle y que las personas hayan visto tus fotos desnudas y que tus mismas vecinas te griten y te maldigan. Me decían que yo era una puta”, recordó.
Denunció al agresor en repetidas ocasiones, pero su denuncia no fue procesada porque la policía alegaba que no había contacto físico. Sin embargo, en una ocasión este hombre la agredió físicamente y la policía lo detuvo.
“Cuando sale preso fue peor para mí, porque a pesar de que le pusieron una orden de alejamiento, él venía todas las tardes y se ponía en el portón de la salida de mi casa como a 70 metros. Comenzó a crearse perfiles falsos con el nombre de mi hijo, y le daba me gusta a mis videos en Tik Tok”.
Recuerda esos momentos difíciles y reconoce que analizó formas de morir sin sentir dolor. En estos casos, la Dra. Zinnia Ron, recomienda buscar ayuda profesional psicológica ya que la víctima de violencia digital “necesita psicoterapia para desensibilizar el trauma”. Ante la falta de tratamiento, la víctima puede desarrollar baja autoestima, angustia, autocensura o ideas suicidas.
Con el tiempo, Rebeca recibió ayuda psicológica y pudo salir adelante. “Gracias a la misericordia de Dios y a la ayuda de Codehciu pude volver a la vida” expresó.
Hoy en día se encuentra en Perú. Como no soportaba el acoso, el hostigamiento, toda la campaña de oprobio y la falta de justicia. Decidió salir de Venezuela. “Tengo un hijo hermoso por el cual luchar y yo tengo que estar sana y fuerte para darle lo mejor a él, para brindarle una estabilidad y un mejor futuro.”
¿Qué debe hacer el estado venezolano frente a la violencia digital?
En Venezuela, la violencia digital está afectando significativamente la seguridad, la salud mental y la participación social de las mujeres, niñas y adolescentes.
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará identificó que los siguientes grupos de mujeres enfrentan un riesgo más alto de ser víctimas de violencia de género en línea:
- Víctimas de violencia de pareja
- Sobrevivientes de violencia física o sexual
- Mujeres jóvenes entre los 18 y 24 años
- Mujeres con un perfil público y activo en los debates digitales como periodistas, creadoras de contenidos, activistas y defensoras de derechos humanos.
Es por esta razón, que la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía exhorta al estado venezolano a reforzar las directrices existentes para abordar la violencia informática; a diseñar planes de acción y respuesta a casos de violencia digital; a invertir en agentes de justicia especializados en abordar este tipo de delitos con un enfoque de derechos humanos y de género; a informar a las personas usuarias de Internet sobre los protocolos, dónde denunciar los casos de violencia en línea.
Solo a través de un compromiso serio y acciones concretas se podrá garantizar un entorno digital seguro y libre de violencia para todas las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela.