Caracas, 13 dic (EFE).- Desde hace ocho meses, el fotógrafo Carlos Debiais, detenido desde hace un año, se encuentra a las puertas de la libertad condicional gracias a una orden de excarcelación que no se ha ejecutado, por falta de autorización del Ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela, una situación que viven, según organizaciones independientes, unos 40 de reclusos.
En abril pasado, un juzgado dictó una orden de excarcelación y una suspensión condicional de la pena por un período de tres años a favor de Debiais, pero, en ese momento, el director del penal donde se encuentra recluido argumentó no poder cumplir con esta orden hasta que no tuviera el permiso del Ministerio, según explicó a EFE su abogado, Abraham Rojas.
Sin embargo, Rojas indicó que, en junio pasado, esta orden fue «totalmente anulada» por el Tribunal, luego de que la ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras, denunciara la falsificación de su firma en el documento de autorización de libertad del fotógrafo.
«Desde ese momento, Carlos se encuentra sin ningún tipo de boleta de excarcelación. Hemos reiterado en muchísimas ocasiones una solicitud de evaluación o de cumplimiento de una prueba psicosocial, que es uno de los requisitos que exige el Código Orgánico Procesal Penal para poder emitir una boleta de excarcelación. Dicha evaluación en ningún momento se ha cumplido», apostilló el abogado.
ATRIBUCIONES ENTRECRUZADAS
El artículo 44 de la Constitución venezolana establece que ninguna persona puede permanecer detenida después de dictada una orden de libertad por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta.
Asimismo, el artículo 179 del Código Penal indica que el funcionario que se niegue a obedecer una orden escrita de excarcelación será castigado con prisión de cuatro a seis meses.
El coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), Carlos Nieto Palma, explicó a EFE que una vez el juez emite una orden de libertad, el recluso debe salir inmediatamente de prisión.
«Hace ya unos cuantos años, el Ministerio para el Servicio Penitenciario (…) comenzó a tomarse una serie de atribuciones que no le correspondían y decidieron, de manera arbitraria (…) que una vez dada la libertad, tenía que pasar por el Ministerio y aprobar esa decisión del juez, o sea, ellos se inmiscuyen en las decisiones del Poder Judicial», agregó.
Nieto Palma señaló que esta situación ha traído como consecuencia el retraso en el cumplimiento de la orden de excarcelación de los reclusos, que agrava el hacinamiento ya existente en los centros de reclusión.
«El Poder Ejecutivo, que representa el Ministerio, no puede inmiscuirse en las decisiones del Poder Judicial. Si el Poder Judicial dice que es inocente y está libre, la persona es inocente y (debe) estar libre», apostilló.
El activista indicó que la competencia «real» de esta cartera, creada en 2011, es velar por el respeto de los derechos humanos de los reclusos y que los establecimientos penitenciarios estén en «condiciones dignas».
UN TEMA RECURRENTE
Amnistía Internacional (AI) explicó que, el 12 de noviembre del año pasado, Debiais se encontraba grabando con un dron en la bahía de Amuay, junto a la refinería del mismo nombre, en el estado costero de Falcón, cuando fue interrogado por el personal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sumándose funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía Militarizada).
Lea también
Posteriormente, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) registraron su automóvil y pertenencias, encontrando su equipo de filmación, incluido un dron, así como dólares en efectivo y «algo de marihuana para uso personal», por lo que fue detenido.
El fotógrafo fue acusado de violación al régimen de la nación y consumo de drogas, y de acuerdo a su abogado, su última presentación en tribunales fue el 12 de abril cuando se le dictó la orden sustitutiva de libertad.
Rojas, quien también es miembro de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), indicó que actualmente en el país hay más de 40 presos en la misma situación que Debiais, pues el incumplimiento en la boleta de excarcelación «es bastante recurrente».
Saraí Coscojuela
.
