Caracas, 27 mar (EFE).- La oposición de Venezuela anunció este sábado que remitió un informe a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante un operativo militar en el estado de Apure (oeste), fronterizo con Colombia.
«Tu testimonio ya reposa en la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet», dijo la exdiputada opositora Delsa Solórzano durante su conversación con Emir Remolina, quien aseguró ser miembro de una familia que murió durante el operativo que la Fuerza Armada venezolana mantiene contra grupos irregulares, que varias ONG han identificado como disidentes de las FARC.
Solórzano apuntó que el informe fue entregado «a las personas que representan» a Bachelet en Venezuela y que también será remitido a otros organismos internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos.
«Hemos hecho una larga investigación, hemos recabado testimonios desde el día de ayer (y) hemos hablado con muchísima gente, tenemos decenas de testimonios», agregó la opositora.
ONG locales han pedido que se investigue si hubo una violación a los derechos humanos tras la muerte de cinco personas en el marco del operativo de la Fuerza Armada de Venezuela en Apure, después de algunos testimonios que aseveran que estas personas no eran combatientes, sino campesinos.
«No tiene lógica, no entiendo por qué se metieron con ellos (…) que son gente inocente, gente que no tiene nada que ver (con grupos armados)», indicó Remolina durante su conversación con Solórzano.
El hombre, que dijo ser uno de los casi 4.000 desplazados que se trasladaron a Colombia huyendo de la violencia generada por los combates entre los militares venezolanos y los grupos irregulares, aseveró que su madre, padre, tío y hermano menor fueron asesinados y hechos pasar por guerrilleros colombianos.
«Como 4 testigos vieron que se los llevaron (vivos) de la casa», en la zona de La Victoria, «y aparecieron (muertos) en El Ripial, que está como a 20 minutos», dijo.
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El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo esta misma jornada que la operación militar prosigue y se conduce en apego a los derechos humanos.
«Si hubiese alguna actuación que no estuviese atenida a los derechos humanos, nosotros mismos seríamos los primeros que vamos a salir en denuncia de ello, no hay solidaridades automáticas aquí», indicó.
También hoy, el fiscal general, Tarek Saab, informó que una comisión de expertos del Ministerio Público investigará «posibles acciones violatorias a los derechos humanos» en El Ripial, donde aparecieron los cuerpos sin vida de los familiares de Emir Remolina.
