Caracas, 29 jun (EFE).- La oposición venezolana que lidera Juan Guaidó denunció este martes la presencia de unos 1.500 miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorios indígenas del país caribeño.
La denuncia la hizo el exdiputado opositor Romel Guzamana, quien también afirmó que hay «grupos irregulares» de origen colombiano en zonas del sur y oriente de Venezuela, pues considera que el Gobierno de Nicolás Maduro «cedió espacios» a «grupos criminales», recoge un comunicado de la oposición.
Entre esos otros grupos armados, mencionó a varias bandas herederas del paramilitarismo y a integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla que firmó un acuerdo de paz en 1991 y cuyo último reducto opera en la región fronteriza del Catatumbo.
Estos grupos «están principalmente enfocados a economías ilegales, como lo es la siembra de coca, tráfico de combustible, cobros de vacunas (…) en los territorios fronterizos», agregó Guzama.
El exlegislador afirmó también que estas bandas «quieren tomar el poder» de Colombia y Venezuela y dijo que ambas naciones «sufren día a día las amenazas que llevan al conflicto armado de luchas por la ocupación de ambos territorios».
Asimismo, el exdiputado Tony Geara expresó que, en el sureño estado Bolívar (fronterizo con Brasil), estos «grupos irregulares» actúan bajo la «mirada indolente del Gobierno regional y nacional».
«No hay un solo cuerpo policial que le dé un coto a esta situación, ya que al parecer todos son parte del negocio de la minería», enfatizó.
También dijo que el suministro combustible en esa región es controlado por estos grupos.
La también exparlamentaria María Gabriela Hernández señaló que al estado Monagas (oriente) también han llegado estos grupos, aunque dijo no saber si pertenecen al ELN o las disidencias de las FARC.
«La estratégica posición centro-oriental con salida al mar por el río San Juan, perteneciente al municipio Bolívar y accesos al mar por el estado Sucre y Delta Amacuro, permitió que autoridades civiles y militares sean complacientes y cómplices para el tráfico de drogas en el estado Monagas», explicó.
En su opinión, estos casos evidencian que el Estado «perdió el control del territorio nacional» y «destruyó» a las Fuerzas Armadas y demás organismos de seguridad.
