Caracas, 25 may (EFE).- La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó resaltó este martes la necesidad de que se inicie «cuanto antes» la negociación que ha propuesto al Gobierno de Nicolás Maduro en medio de un contexto en el que los retos para el grupo crecen ante las divisiones internas y la «fortaleza» del mandatario.
La presión del grupo opositor se da después de dos semanas de haber puesto sobre la mesa el planteamiento que aún no logra concretarse y con el que busca lograr elecciones generales «libres y justas», pero en el que además pide acudir con una «agenda abierta» y el apoyo externo e interno.
«Que se alcance un acuerdo que permita aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo, que contribuya con la reinstitucionalización del país, que contenga un cronograma electoral con condiciones, y que permita que los venezolanos podamos decidir libremente nuestro futuro», insistieron.
La oposición no ha ofrecido mayores detalles sobre cómo se preparan para comenzar los encuentros, aunque ha señalado que buscan la mediación de Noruega y que trabajan para designar a los que participarán en las reuniones que, de alguna manera, se van a sumar a los de una parte minoritaria del antichavismo.
DIVISIÓN INTERNA
La oposición venezolana se encuentra desde hace meses fracturada y las diferencias se acentuaron, luego de Guaidó no lograra concretar la salida de Maduro tras proclamarse presidente interino en 2019 al no reconocerlo como mandatario.
Aunque todos los que se oponen a Maduro buscan el mismo fin -el desalojo del poder del mandatario-, los distintos dirigentes difieren en la forma de cómo lograrlo y analistas los califican como opositores «radicales» y «moderados».
Guaidó, que se negaba a volver a una negociación con Maduro por fracasos en anteriores episodios (2013, 2014, 2016, 2017 y 2019), busca enfilar una oposición unitaria para el proceso, pero los más radicales consideran que con el mandatario no se debe negociar porque es un «dictador», mientras los «moderados», incluso, ya han establecido encuentros.
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Otros, como el disidente del chavismo Nicmer Evans, apuntan a empujar un referendo revocatorio contra Maduro, una apuesta que ya hizo la oposición en 2016 y que no logró concretarse por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que argumentaban un supuesto fraude en la recolección de firmas.
Evans presentó este mismo martes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud de inscripción del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) para buscar activar el mecanismo.
El disidente chavista manifestó, en ese sentido, su aspiración de que el tema sea «incorporado en el proceso de negociación» y de que sea avalado por todos los sectores de la oposición que, en algún momento, se aglutinó en una sola vía.
PÉRDIDA DE CONFIANZA
Y estas misma divisiones han mostrado también la pérdida de la confianza en el liderazgo representado por Guaidó que, además, se ha visto traducido en la gente.
Según datos de una de las firmas más conocidas en el país, Datanálisis, la popularidad del líder opositor cayó del 63 % al 20 %, una cifra que no quiere decir que el apoyo a Maduro haya aumentado, sino que el opositor ha perdido credibilidad y soporte popular.
En ese sentido, la oposición venezolana, y no solo Guaidó, debe enfrentar el hecho de volver a conectar con la gente.
La mayoría opositora ha abandonado espacios como, por ejemplo, el electoral, sin presentar una vía concreta que dé luces para lograr el objetivo de sacar a Maduro, y esto se ha traducido en pérdida de esperanza y una especie de calma en un complejo panorama político que se ve afectado por la severa crisis económica.
GOBIERNO FORTALECIDO
Pero mientras el antichavismo define cómo avanzar en su cruzada, Maduro, al contrario de lo que buena parte de la comunidad internacional que apoya a Guaidó desea, está anclado en el poder y avanza en la preparación de su partido para mantener la mayoría de las gobernaciones, alcaldías y concejos municipales que serán renovadas el próximo 21 de noviembre.
El mandatario, que tiene como aliados a China, Rusia, Turquía o Cuba, también es la cabeza de todo un sistema que le es afín, a pesar de que las leyes venezolanas establecen la independencia de poderes.
Cuenta con el Parlamento a su favor, un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se dice independiente pero que actúa a conveniencia del Gobierno, un fiscal y un contralor que han militado en el partido oficialista y un ente electoral que tiene una mayoría chavista.
