Las recientes declaraciones de Jorge Rodríguez, asegurando que en Venezuela se ha inaugurado una era donde el periodismo puede ejercerse «sin temor a represalias», nos hace reflexionar lo siguiente. Tras los eventos del 3 de enero de 2026, el discurso oficial ha girado hacia una narrativa de reconciliación y reforma legal, pero para quienes sostienen el micrófono y la pluma, la pregunta es inevitable: ¿ha cambiado la estructura del poder o solo su estrategia de comunicación?
Rodríguez habla de un «nuevo momento político» y de la revisión de leyes que, durante años, fueron utilizadas como camisas de fuerza para la opinión pública. Sin embargo, el periodismo no se mide por las promesas de un funcionario, sino por la ausencia de consecuencias ante la verdad incómoda. Afirmar que ya no hay represalias mientras todavía se documentan acciones contra trabajadores de la prensa y bloqueos digitales es, cuanto menos, una verdad a medias que exige ser contrastada con la realidad del terreno.
La esencia del periodismo crítico —como mencionábamos antes— no es ser complaciente. Si esta nueva etapa que pregona el Estado requiere que el periodista «agradezca» la concesión de su libertad, entonces no estamos ante un derecho recuperado, sino ante una tutela. La libertad de prensa no es un regalo que el poder otorga tras una crisis; es un activo de la sociedad que el Estado tiene la obligación de garantizar, no de administrar.
Para que la palabra de Jorge Rodríguez cobre valor real, la «nueva etapa» no debe ser solo un eslogan de tarima. El periodismo venezolano necesita que el cese de represalias se traduzca en la derogación de normas punitivas, el acceso irrestricto a la información pública y, sobre todo, la garantía de que preguntar lo que el poder quiere callar no terminará en un expediente judicial.
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