DLA.-La abogada Raiza Ramírez, coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones en la región, denunció el retardo procesal en los casos de los internos del Centro Penitenciario de Occidente.
Este martes varios familiares de reclusos expusieron ante los medios de comunicación el retardo judicial al que están siendo sometidos, en medio de una protesta efectuada frente al Circuito Judicial Penal del estado Táchira.
Ramírez expuso que la mayoría de los internos del CPO ya tienen el 75 % de la pena cumplida o las tres cuartas partes, como lo establece el Código Procesal Penal, y aún así los jueces no les están dando las redenciones. Y por tanto las libertades con los beneficios que a estas personas les corresponde, es el confinamiento, que es el último beneficio para la libertad plena.
Para la obtención de redenciones que se calcula el tiempo físico más el tiempo de estudio trabajo que los reclusos hagan dentro de las cárceles, que es aproximadamente cuatro meses por año. Es decir, si una persona ya tiene 2 años en físico, tendrá 8 meses más que se le puede sumar por las redenciones, describió la defensora.
«No les están dando esos beneficios porque tienen que esperar que en Caracas les den respuestas ¿Qué Caracas? si eso está establecido en una ley», dijo Ramírez.
La reestructuración de la ley podría causar más hacinamiento y hambre
Se espera que con la decisión de reestructuración de la ley judicial, en reunión con el presidente de la república y los diputados de la Asamblea Nacional, realmente honren su palabra y puedan salir en libertad los que ya tienen el tiempo cumplido.
«Aún cuando esa medida pareciera positiva, puede ser muy peligrosa, pues más de 43.000 personas que están privadas de libertad en los centros policiales serían trasladadas a las cárceles, lo que puede ocasionar al final es más hacinamiento, retardo procesal y más hambre, porque si no comen los que están en las cárceles, imagínese que le sumen 43.000 personas más», advirtió la defensora de los derechos humanos de los privados de libertad.
«Mi hijo está en la cárcel del olvido»
Marina de Guerrero exige que le den libertad a su hijo, que se encuentra preso en la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar, la cual describe como la «cárcel del olvido».Denuncia que su hijo tiene más de 2 años recluido en la referida prisión, y ya cumplió la condena condicional el año pasado y el 23 de mayo de este año, cumplió otra parte de su pena, y deberían otorgarle la libertad condicional.
La familiar comentó que se le hace imposible ir a las visitas, dado a la crisis humanitaria que se vive en el país. Además la familia ha solicitado el traslado del recluso hacia el Centro Penitenciario de Occidente pero no han obtenido respuestas.
Adicional, describió las condiciones infrahumanas que registra la cárcel de El Dorado, donde los internos deben tomar agua de un río contaminado.
«El agua es de color verde y marrón. A mi hijo le dio paludismo y estuvo bastante enfermo del estómago», relató la madre del privado de libertad.
Beben aguas negras
Alix Diaz tiene a su hermano preso en El Dorado desde hace 2 años, sin comunicación con sus familiares. Expuso que últimamente tanto su hermano como otros internos han contraído dengue, paludismo, entre otras enfermedades.
«Mi hermano está en un estado feísimo porque tiene muchas llagas en el cuerpo y desnutrido porque no se alimenta como es, a veces les dan una sola comida, una agua de harina o a veces un plato de lentejas. A veces duran hasta 2 y tres días sin comer. Se beben el agua negra, esperan que aclare en un pote y se la beben», contó Diaz.
Alix Diaz expresó que están esperando que realicen el traslado de su hermano desde el estado Bolívar al Centro Penitenciario de Occidente, en vista que para la familia es muy difícil llevarle los alimentos a su ser querido a esta zona inhóspita del país.
Tiene boleta de libertad pero sigue en prisión
Frente a la sede del Circuito Judicial Penal, Mónica Ovidio mostró la orden de excarcelación de su familiar, quien se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de Occidente.Desde el 5 de marzo la orden fue emitida por un juez, y su allegado no ha recobrado la libertad, debido a que le dicen que la boleta debe ser verificada por Caracas. Hasta el presente no ha sido chequeada.
Por ello, exige que se cumpla el dictamen de excarcelación para su allegado que ya cumplió la pena en prisión.
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