Caracas, 7 feb (EFE).- La Justicia venezolana entregó este lunes al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, la sede del diario venezolano El Nacional, cuyo embargo notificó en mayo pasado como parte de la indemnización por «daño moral» de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras una demanda del político.
«En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos (…), le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello», publicó El Nacional.
Cabello denunció al diario por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por EE.UU. por presuntos nexos con el narcotráfico, y el TSJ dictó una sentencia que recoge que el rotativo venezolano debía pagar a Cabello 237.000 petros (criptomoneda promovida por el Gobierno venezolano) al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.
El gerente general de El Nacional, Jorge Makrionitis, explicó a Efe que se trata de un procedimiento irregular que atenta contra la libertad de expresión y que implica la «pérdida» total del inmueble.
«En el remate del edifico nunca se hizo una licitación pública, que es lo que se hace normalmente, y acá lo que se hizo fue una adjudicación. Esa es otra irregularidad más del caso, pero ya, para este momento, en términos concretos, el inmueble se perdió por completo y se entrega al demandante», dijo.
Makrionitis explicó que no saben con «exactitud» si la entrega comprendió «efectivo como forma de pago» o la entrega oficial del inmueble al demandante, pero que es un hecho «que fue ejecutado y adjudicado».
«Es otra vez un tribunal desafiante que, en medio de un momento crítico para Venezuela como estamos con la investigación de la (Corte Penal Internacional) CPI, vuelven a hacer un ataque desmedido a la libertad de expresión que es un derecho humano fundamental», apostilló.
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Aseguró que esta demanda contra el medio representa un hito contra la prensa venezolana al tratarse de un diario «estandarte» del país y agregó que se trata también del «uso de poder para la persecución».
En la información de El Nacional, detallaron que «con esta adjudicación ilegal, que por la irregular forma en que se ejecutó, bien podrá calificarse de robo judicial, se completa parte de la condena impuesta a este diario, por los supuestos daños morales» causados tras una publicación «en ejercicio legítimo de su periodismo de investigación».
«Esto confirma la no independencia judicial y una vez más se ratifican los argumentos que llevaron a que la Corte Penal Internacional abriera la investigación a Maduro», apuntó el diario.
