La India revoca cada vez más los visados de sus críticos en la diáspora, denuncia HRW

Nueva Delhi, 18 mar (EFE).- La India bajo el gobierno nacionalista hindú del Bharatiya Janata Party (BJP) está revocando los visados a sus críticos de origen indio en el extranjero y utilizando tácticas «motivadas políticamente» para impedir el trabajo de decenas de periodistas extranjeros, denunció este lunes Human Rights Watch (HRW).

«Las represalias del Gobierno de la India contra miembros de la diáspora que critican las políticas abusivas y discriminatorias del Bharatiya Janata Party (BJP) muestran la creciente hostilidad de las autoridades a las críticas y al diálogo», lamentó la directora para Asia de la organización, Elain Pearson, en un comunicado.

HRW afirmó que el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, ha revocado en los últimos diez años más de un centenar de estatus de Ciudadano Indio de Ultramar (OCI), una suerte de visado permanente sin llegar a estar al mismo nivel que la nacionalidad.

Este estatus permite a los ciudadanos de origen indio obtener un pasaporte especial para entrar al país de forma indefinida, ya que la India no permite la doble nacionalidad, y es también concedido a extranjeros en supuestos como el matrimonio con nacionales indios.

El Gobierno del BJP endureció en 2021 las normas sobre OCI, rebajándolos a la categoría de ciudadanos extranjeros e imponiendo la necesidad de obtener permisos para trabajar en sectores como la investigación o el periodismo.

Desde entonces, académicos como el sueco de origen indio Ashok Swain han visto su estatuto de OCI cancelado, mientras que la profesora universitaria de nacionalidad inglesa Nitasha Kaul vio bloqueada su entrada a la India.

«Las autoridades parecen estar decididas a expandir una represión motivada políticamente contra activistas y académicos de origen indio, más allá de las fronteras de la India», concluyó HRW.

La organización también expuso las dificultades a las que se enfrentan numerosos periodistas extranjeros que viven en el país como ciudadanos indios de ultramar.

«Las autoridades indias están utilizando cada vez más lo que parecen ser tácticas políticamente motivadas contra unos 25 periodistas extranjeros con estatus de OCI (…), enredándolos en una burocracia opaca o simplemente negándoles permiso para seguir informando», señaló.

Al menos cinco corresponsales extranjeros han perdido el derecho a trabajar en la India desde que el Gobierno introdujo los cambios en 2021, comprobó EFE.

HRW también destacó el caso de la periodista francesa Vanessa Dougnac, quien afirmó el pasado febrero que se veía obligada a irse del país tras más de dos décadas como corresponsal extranjera para diarios como La Croix o Le Point.

El Gobierno de la India recomendó cancelar su estatus de OCI tras calificar sus artículos de «malintencionados y críticos», haciendo de la salida de Dougnac una expulsión de facto.

«Los gobiernos extranjeros deseosos de colaborar con la India en el comercio y la seguridad deberían tomar nota de que el Gobierno indio está aumentando la represión para ocultar un deterioro de los derechos humanos», exhortó Pearson.

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Para el exministro de Hacienda y de Comercio, que también fue rector de las universidades privadas del Rosario, CESA y EIA, una victoria del candidato izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente, Gustavo Petro, puede atentar contra las libertades y afectar «la iniciativa privada» de Colombia. «La continuidad de Petro, en cabeza de Cepeda (…) significa una destrucción de la democracia para este país. Romper los pesos y contrapesos de la democracia», afirma Restrepo, de 55 años, economista de la Universidad del Rosario, con maestría en Economía de The London School of Economics y un doctorado en Administración de la Universidad de Bath (Reino Unido). En estas elecciones, agrega, Colombia «va a tomar la decisión entre dos modelos distintos de país: Un modelo que destruye la democracia o un modelo que preserva la democracia y defiende la iniciativa privada». «Yo creo que va a ser un punto de inflexión en la historia de Colombia y estoy aquí para garantizar que nuestro país no pierde el rumbo, manifiesta. En la carrera por la Presidencia hay 12 candidatos pero Cepeda y De la Espriella están en los primeros lugares en las encuestas. Cepeda tiene el 37,2 % de la intención de voto, mientras que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, marca el 20,4 %, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicada el pasado 3 de mayo. Connivencia entre Gobierno y grupos armados Uno de los retos que enfrentarán, en caso de ganar las elecciones, según Restrepo, es «un problema severo en materia de seguridad, de connivencia entre los grupos criminales y el Gobierno actual». «En materia de seguridad todos los indicadores son vergonzosos», explica Restrepo, quien asegura que hay «una profunda incapacidad del Gobierno de Petro para hacer algo en contra de la producción de coca, que es el almendrón del problema, o de la minería de extracción criminal». El candidato vicepresidencial critica además la política de ‘paz total’ con la que el Gobierno busca acuerdos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC o el sometimiento a la justicia de bandas criminales como el Clan del Golfo. «Petro decidió hacer un proceso de paz total, de la mano de Cepeda (que fue negociador en los diálogos con el ELN), que es un fracaso total, que lo único que generó es la entronización en el país de un escenario de criminalidad en donde los ciudadanos terminaron casi que viendo cómo los criminales eran ensalzados en plaza pública», añade. «Gran problema» económico Restrepo considera que si ganan deben solucionar el «gran problema» fiscal porque el actual Gobierno «no solamente deja la olla raspada, sino que se llevó la olla y la deja empeñada». «El déficit primario en solo dos años crece más de 10 veces, la deuda pública en tres años y medio crece más de un 50 %. Y obviamente la caja de la nación está sin los recursos suficientes», detalla. Por eso considera imperioso «disminuir de manera significativa el tamaño del Estado, porque hay derroche, hay excesos de gasto público». «Lo que hemos dicho es que para el 2030 haya por lo menos una disminución del 40 % del gasto de funcionamiento (…) y generar una gran estrategia de crecimiento basado en el sector empresarial, no en el Estado, basado en la iniciativa privada, apoyando sectores como la agroindustria, servicios basados en conocimiento, la energía, el turismo sostenible, la industria 4.0», señala. 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