Nueva Delhi, 18 mar (EFE).- La India bajo el gobierno nacionalista hindú del Bharatiya Janata Party (BJP) está revocando los visados a sus críticos de origen indio en el extranjero y utilizando tácticas «motivadas políticamente» para impedir el trabajo de decenas de periodistas extranjeros, denunció este lunes Human Rights Watch (HRW).
«Las represalias del Gobierno de la India contra miembros de la diáspora que critican las políticas abusivas y discriminatorias del Bharatiya Janata Party (BJP) muestran la creciente hostilidad de las autoridades a las críticas y al diálogo», lamentó la directora para Asia de la organización, Elain Pearson, en un comunicado.
HRW afirmó que el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, ha revocado en los últimos diez años más de un centenar de estatus de Ciudadano Indio de Ultramar (OCI), una suerte de visado permanente sin llegar a estar al mismo nivel que la nacionalidad.
Este estatus permite a los ciudadanos de origen indio obtener un pasaporte especial para entrar al país de forma indefinida, ya que la India no permite la doble nacionalidad, y es también concedido a extranjeros en supuestos como el matrimonio con nacionales indios.
El Gobierno del BJP endureció en 2021 las normas sobre OCI, rebajándolos a la categoría de ciudadanos extranjeros e imponiendo la necesidad de obtener permisos para trabajar en sectores como la investigación o el periodismo.
Desde entonces, académicos como el sueco de origen indio Ashok Swain han visto su estatuto de OCI cancelado, mientras que la profesora universitaria de nacionalidad inglesa Nitasha Kaul vio bloqueada su entrada a la India.
«Las autoridades parecen estar decididas a expandir una represión motivada políticamente contra activistas y académicos de origen indio, más allá de las fronteras de la India», concluyó HRW.
La organización también expuso las dificultades a las que se enfrentan numerosos periodistas extranjeros que viven en el país como ciudadanos indios de ultramar.
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«Las autoridades indias están utilizando cada vez más lo que parecen ser tácticas políticamente motivadas contra unos 25 periodistas extranjeros con estatus de OCI (…), enredándolos en una burocracia opaca o simplemente negándoles permiso para seguir informando», señaló.
Al menos cinco corresponsales extranjeros han perdido el derecho a trabajar en la India desde que el Gobierno introdujo los cambios en 2021, comprobó EFE.
HRW también destacó el caso de la periodista francesa Vanessa Dougnac, quien afirmó el pasado febrero que se veía obligada a irse del país tras más de dos décadas como corresponsal extranjera para diarios como La Croix o Le Point.
El Gobierno de la India recomendó cancelar su estatus de OCI tras calificar sus artículos de «malintencionados y críticos», haciendo de la salida de Dougnac una expulsión de facto.
«Los gobiernos extranjeros deseosos de colaborar con la India en el comercio y la seguridad deberían tomar nota de que el Gobierno indio está aumentando la represión para ocultar un deterioro de los derechos humanos», exhortó Pearson.
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