Los terremotos no avisan. La ciencia, muchas veces, sí.
Eso fue precisamente lo que ocurrió con Caracas y La Guaira. Veintiún años antes de que un doble sismo volviera a esparcir muerte y destrucción en la región, un grupo de algunos de los mejores especialistas en prevención de desastres del mundo había entregado al Estado venezolano un diagnóstico detallado de los riesgos que enfrentaba la zona y, lo más importante, un plan para reducir el impacto de una eventual catástrofe.
La advertencia llegó. El conocimiento existía. Las soluciones también. Lo que faltó fue la voluntad política para convertir ese estudio en acciones concretas.
El origen de esa investigación fue el deslave de diciembre de 1999, una de las mayores tragedias naturales de la historia contemporánea de Venezuela. Miles de personas murieron o desaparecieron cuando enormes masas de tierra descendieron desde el Ávila tras semanas de aguaceros, arrasando comunidades enteras. Aquel desastre dejó una lección evidente: el país necesitaba comprender mejor sus vulnerabilidades y prepararse para futuros eventos.
Con ese propósito, el gobierno venezolano solicitó la cooperación de Japón, un país que ha construido una de las culturas de prevención de desastres más avanzadas del planeta. A través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), geólogos, ingenieros y especialistas trabajaron junto con expertos venezolanos entre 2002 y 2005 para evaluar los riesgos del Distrito Metropolitano de Caracas y el estado La Guaira, desde entonces estado Vargas.
El resultado fue el Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas, entregado oficialmente al entonces presidente Hugo Chávez en marzo de 2005.
Las conclusiones eran inquietantes. Los especialistas determinaron que las características geológicas del norte de Caracas y La Guaira podían amplificar las ondas sísmicas, aumentando considerablemente el poder destructivo de un terremoto. El suelo podía comportarse como una caja de resonancia capaz de multiplicar sus efectos.
El estudio también advertía que prácticamente ningún edificio cumplía las condiciones necesarias para soportar un terremoto de gran magnitud. Hospitales, estaciones de emergencia e infraestructura crítica se encontraban en zonas especialmente expuestas, por lo que incluso la capacidad de respuesta podía colapsar cuando más se necesitara.
Las proyecciones eran escalofriantes: hasta 20.000 fallecidos y cerca de 40.000 edificaciones afectadas en un escenario extremo. Pero el informe no era simplemente un catálogo de malas noticias. Su mayor valor estaba en las soluciones. Los expertos japoneses diseñaron un plan maestro que incluía recomendaciones para reforzar edificaciones vulnerables, actualizar las normas de construcción, mejorar la planificación urbana, reubicar instalaciones estratégicas y desarrollar protocolos modernos de prevención y atención de emergencias.
Era, en esencia, una hoja de ruta para salvar vidas. Hasta donde muestran los registros públicos, las principales recomendaciones del estudio nunca fueron ejecutadas mediante una política integral de mitigación del riesgo sísmico. El informe quedó archivado mientras el país vivía la mayor bonanza petrolera de su historia reciente, con ingresos suficientes para acometer obras de infraestructura de enorme envergadura.
Resulta inevitable preguntarse qué habría ocurrido si aquel plan se hubiera convertido en una prioridad nacional. Nadie puede responder cuántas vidas se habrían salvado ni cuántos edificios seguirían en pie. Ese ejercicio pertenece al terreno de las hipótesis.
Lo que sí puede afirmarse con absoluta claridad es que el Estado venezolano disponía de información científica de primer nivel sobre las vulnerabilidades de Caracas y La Guaira. Aun así, esas advertencias no se tradujeron en un programa sostenido de prevención.
Los terremotos del 24 de junio obligan a releer aquel documento con una mezcla de frustración e indignación, porque identificó con notable precisión las condiciones que convertirían un terremoto en una tragedia de enormes proporciones. Las medidas no se tomaron.
Existe una diferencia fundamental entre un fenómeno natural y un desastre. El primero pertenece a la naturaleza; el segundo suele estar profundamente condicionado por las decisiones humanas. La pobreza, la falta de planificación, las construcciones deficientes y la ausencia de políticas preventivas convierten un evento natural en una catástrofe social.
Por eso, el estudio de la JICA trasciende el ámbito técnico. Interpela la responsabilidad de quienes gobiernan. Porque gobernar no consiste únicamente en reaccionar cuando ocurre una emergencia. Gobernar también implica escuchar a la ciencia cuando todavía hay tiempo para prevenir.
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