Caracas, 19 may (EFE).- Ella custodiaba las riquezas de Venezuela mientras su esposo resguardaba la vida de Hugo Chávez. Ambos, de carrera militar, exudaban poder y mantenían el orden en sus asuntos, a ojos del pueblo. Aquella imagen de Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez hoy palidece en los tribunales que les acusan de lavado de dinero.
La dupla se fue acercando al entorno más íntimo del fallecido presidente hasta que, para el año 2010, ya prácticamente no había distancias: ella era la enfermera de cabecera del mandatario y él dirigía el Departamento de Seguridad del palacio presidencial.
En los dos años siguientes, su enriquecimiento creció exponencialmente y cruzó los límites de lo lícito, pues, según la Fiscalía venezolana, fue en esos años cuando crearon siete empresas con ventajas fiscales en Panamá y una en Estados Unidos «para ocultar transacciones financieras irregulares».
Ahora, a sus 48 años, Díaz Guillén -conocida como «la enfermera de Chávez»- pasa sus noches tras las rejas en una celda del estado de Florida, mientras Velásquez, de 42 años, agota los recursos, ya casi inexistentes, para permanecer en España y no seguir los pasos de su esposa, extraditada la semana pasada desde el país europeo a EE.UU.
Además, ambos tienen deudas con la Justicia venezolana, que los reclama por delitos de corrupción.
EL ASCENSO
Antes de que Chávez enfermase de cáncer en 2011, su salud había estado supervisada por un equipo médico del que formaba parte Díaz Guillén, una suerte de «favorita presidencial» que impedía o facilitaba la interacción de funcionarios con el mandatario, o al menos así lo describe una fuente consultada por Efe que trabajó para el Gobierno durante aquellos años.
La misma fuente, que pidió el anonimato, recuerda a la exenfermera como una mujer «controladora» que era vista más como «una especie de jefe de seguridad», impresión que puede estar relacionada con la formación militar de Díaz, que alcanzó el rango de sargento técnico de la Armada venezolana.
Mientras tanto, Velásquez, el verdadero jefe de seguridad presidencial, rondaba los 30 años y ya había trabajado para la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), un cuerpo acusado de cometer atropellos contra detenidos y que ha estado en la mira de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La cercanía de Díaz con el presidente Chávez se fortaleció conforme ella avanzaba también en la cartera financiera del país, donde ocupó el cargo de directora nacional de egresos en 2008, cuando el gasto público de Venezuela se estimó en más de 60.000 millones de dólares, para luego tomar las riendas del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).
Entre enero y mayo de 2011, la sargento pasó de subdirectora a jefa plenipotenciaria de la Oficina Nacional del Tesoro, dos cargos adjudicados por Chávez en los últimos meses en que gozó de buena salud.
El matrimonio, supuestamente enriquecido con más de 10 millones de dólares, salió de Venezuela en 2013 para instalarse en España, poco después de morir su mentor y entonces mandatario, y asumir el poder Nicolás Maduro, lo que supuso un frenazo en seco en su escalada política y económica.
LA CAÍDA
Al fallecer Chávez, Venezuela se convirtió en un lugar inseguro para ellos, al ser el escenario donde, supuestamente, habían cometido numerosos delitos de corrupción bajo el paraguas del todopoderoso presidente, que se cerró el mismo día que su sucesor llegó al palacio presidencial de Miraflores.
Tras un breve lapso residiendo en República Dominicana, se instalaron en España con la confianza de estar a salvo de cualquier persecución o control, pero la jugada no salió bien y ambos comenzaron a caer a la misma velocidad con que se conocían nuevas acusaciones en su contra.
Mientras se trasladaban de un lugar a otro para garantizar su seguridad, las autoridades venezolanas ponían la lupa sobre ellos y, en 2016, la Fiscalía allanó varias propiedades del matrimonio en el país caribeño y comenzó una investigación que duró más de dos años.
Según el fiscal general, Tarek Saab, durante los registros «se les detectaron innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que les obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela», razón por la que el país caribeño solicitó a España su extradición en 2018.
Fuentes de la Fiscalía explicaron a Efe que, el 25 de octubre de 2018, la Audiencia Nacional de España aprobó la extradición de Díaz Guillén, requerida, junto a su esposo, por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento en su propio país.
Pero España revirtió su decisión, al considerar que en Venezuela corría «peligro su integridad», un argumento que la Fiscalía de la nación suramericana rechazó por ver en este giro «una decisión política, motivada por el apoyo brindado por el Gobierno español» a la oposición.
Sin embargo, pese a lograr esquivar, hasta el momento, la Justicia venezolana, no han logrado lo mismo con la española -que los investiga por blanqueo de capitales- y la estadounidense, que mantiene la solicitud de extradición de Velásquez, y juzga a Díaz Guillén por su presunta participación en una trama de lavado de dinero y cambio de moneda.
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