Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- La captura de Nicolás Maduro durante una operación militar de EE.UU. provocó este lunes un choque diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Washington la defendió como una acción contra el narcotráfico, mientras varios países latinoamericanos denunciaron una violación del derecho internacional y otros llamaron a una transición política.
El embajador venezolano ante el organismo, Samuel Moncada, denunció una «violación flagrante» de la carta de la ONU y del derecho internacional, calificó la operación como un «ataque armado ilegítimo» y exigió la liberación y el retorno de Maduro.
Advirtió que tolerar este tipo de acciones «equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza» y llamó a la desescalada, el diálogo y la paz, asegurando que Venezuela permanece bajo control institucional con Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
Por su parte, Estados Unidos defendió la operación y negó estar en guerra o en una ocupación de Venezuela.
Su embajador ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que Maduro es «un narcotraficante» y «un presidente ilegítimo», y sostuvo que la detención fue una «acción policial» destinada a proteger a los estadounidenses del narcoterrorismo.
Waltz aseguró que Washington busca «un futuro mejor para el pueblo venezolano» y reiteró que el presidente Donald Trump ofreció «múltiples salidas» diplomáticas antes de la operación.
Condenas a la intervención
Colombia, que impulsó la convocatoria de la reunión del Consejo de Seguridad con el respaldo de Rusia y China, denunció que la detención de Maduro «viola el derecho internacional y la carta de la ONU» e instó a los Estados miembros a defender los principios del derecho internacional como una «obligación común para preservar la paz y la seguridad internacional».
Su representante permanente ante Naciones Unidas, Leonor Zalabata, aseguró que la operación constituye «evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana».
Además, recordó que Trump amenazó al mandatario colombiano, Gustavo Petro, con enviar a su país «una misión de EE.UU.» similar a la desplegada en Venezuela.
El representante brasileño, Sérgio Danese, calificó la operación como «un precedente extremadamente peligroso» y afirmó que la solución a la crisis no pasa por «la construcción de protectorados», sino por el diálogo y el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano.
Chile, a través de su representante permanente Paula Narváez, afirmó que «el respeto del derecho internacional no admite excepciones incluso cuando se trata de abordar la ilegitimidad de un presidente».
Aunque reiteró que su país no reconoce el régimen de Maduro, subrayó que las graves violaciones de derechos humanos «no tienen una solución militar» y alertó de que un conflicto armado tendría consecuencias «devastadoras» para la región.
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A su turno, México condenó la «agresión militar» de Estados Unidos. El embajador Héctor Vasconcelos advirtió que la operación pone en «grave riesgo» la estabilidad política y la seguridad de América Latina y el Caribe, y reiteró que «el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces» para resolver la crisis, retomando el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a intensificar la mediación internacional.
Cuba calificó la operación como un «acto inaceptable y bárbaro». Su representante ante la ONU, Ernesto Soberón, acusó a Estados Unidos de querer imponer un «Gobierno títere» y confirmó la muerte de 32 militares cubanos durante los operativos, quienes, según La Habana, «cayeron tras una férrea resistencia en combate directo».
También, Nicaragua expresó su «indignación y dolor» por la muerte de los cubanos y reclamó ante la ONU «la liberación inmediata» de Maduro.
El representante nicaragüense, Jaime Hermida, sostuvo que la región es una «zona de paz» que debe ser respetada sin excepción y afirmó que su país «siempre estará con Venezuela».
Llamados a una transición política
El embajador argentino ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi, dijo que su país «valora la decisión y la determinación demostradas» por Estados Unidos y calificó al Gobierno de Maduro como «un régimen ilegítimo» que constituye una amenaza para la región.
Añadió que la captura puede abrir una etapa de transición democrática y pidió la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.
El representante paraguayo, José Pereira, sostuvo que «se debe abrir paso de inmediato a la restauración de la democracia», permitiendo que las «autoridades legítimamente electas» asuman el poder, en alusión al opositor Edmundo González Urrutia.
Aunque no condenó de forma tajante el bombardeo ni la captura de Maduro, reafirmó el «compromiso histórico» de Paraguay con la «resolución pacífica» de los conflictos y pidió la liberación de «todos los presos políticos».
Panamá propuso una «interinidad limitada en el tiempo» para que González Urrutia asuma el Gobierno.
Al respecto, el embajador Eloy Alfaro afirmó que su país no reconocerá «otra autoridad distinta al presidente electo» y advirtió que cualquier continuidad del chavismo equivaldría a legitimar un fraude electoral.
También exigió la liberación incondicional de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
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