Sao Paulo, 30 nov (EFE).- La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó un 9,5 % entre agosto de 2019 y julio de 2020, frente al periodo anterior, y alcanzó su mayor nivel desde 2008, según los datos divulgados este lunes por el Gobierno.
En números absolutos, el área devastada en el bioma tropical llegó a los 11.088 kilómetros cuadrados en el último año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) de Brasil.
La cifra equivale a cerca de nueve veces la superficie de la ciudad de Río de Janeiro y supera a la registrada entre agosto de 2018 y julio de 2019, cuando la deforestación afectó a 10.129 kilómetros cuadrados de la Amazonía, que abarca alrededor de un 60 % del territorio brasileño.
El balance de este año es el primero completo bajo el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro, en el poder desde el 1 de enero de 2019 y quien defiende la explotación de los recursos naturales de la selva amazónica junto con otros países.
Las organizaciones medioambientales ya habían alertado de un aumento de la tala ilegal de árboles en el mayor bosque tropical del planeta, que atribuyen, en parte, a la retórica antiecologista del jefe de Estado brasileño.
La deforestación también está estrechamente relacionada con los incendios en el ecosistema, que han vuelto a aumentar este año y hasta la fecha se habían contabilizado 99.586 focos, más que los 89.176 de todo 2019, cuando las imágenes de los frentes de fuego avanzando por la Amazonía dieron la vuelta al mundo.
La situación de este año se ha agravado además con una sequía severa en la región que ha favorecido la propagación de las llamas por las áreas previamente deforestadas.
Según diversos informes de oenegés, la deforestación y la posterior quema de esas zonas forman parte de un proceso que tiene como punto final la utilización de tierras para la agropecuaria.
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Asimismo, el aumento de la destrucción de la Amazonía ha llevado a algunos países europeos a amenazar con no ratificar el acuerdo de libre comercio firmado el año pasado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Igualmente ha provocado la reacción de millonarios fondos internacionales y grandes empresas privadas que han advertido al Gobierno de un descenso dramático en las inversiones al país si no hay compromiso real de protección del medioambiente.
