Caracas, 16 oct (EFE).- El equipo que dirige el exjuez español Baltasar Garzón en defensa del empresario colombiano Alex Saab pidió al relator especial de las Naciones Unidas Diego García-Sayán interceder con Cabo Verde para garantizar los derechos de su cliente, informó este viernes el bufete.
Los abogados defensores de Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, enviaron una comunicación a García-Sayán, quien hace relatoría para la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.
El objetivo de este contacto es «solicitar comunicación urgente hacia el Gobierno de la República de Cabo Verde en relación con los obstáculos que ha puesto arbitrariamente en la realización de nuestra práctica profesional como abogados del equipo de defensa», dice un comunicado del bufete.
La petición al relator expone que «la relación de hechos y antecedentes que se han ido sucediendo desde que Alex Saab fue detenido arbitrariamente el pasado 12 de junio», donde permanece encarcelado desde su arresto.
«Como ya se ha venido denunciando públicamente en los pasados meses, estos hechos son una muestra de la vulneración de derechos humanos a la que se ha visto sometido el Enviado Especial y agente diplomático», prosigue el comunicado.
Entre esos hechos, el bufete destaca que la detención es ilegal al tratarse de una «persona con inviolabilidad diplomática» y porque el arresto «se basó en una supuesta alerta roja de Interpol solicitada por Estados Unidos que más adelante se comprobó que no existía, pues se redactó un día más tarde».
La defensa también denuncia que Saab se ha visto sometido a una situación «inhumana y degradante», pues «se le ha denegado atención médica» a pesar de tener una enfermedad y «se le han impuesto graves obstáculos de acceso a su derecho de defensa».
«Estos hechos (…) han creado una situación de impotencia e indefensión en el Enviado Especial y son una muestra clara de que esta detención es fruto de una clara persecución política, la cual se enmarca en la agresión diplomática de Estados Unidos contra Venezuela», sostiene el equipo legal.
Los abogados de Saab esperan que el relator especial haga un «llamamiento urgente» a Cabo Verde «para informarle de las vulneraciones al debido proceso» en este caso y «recabe del Estado toda la información pertinente para elevar la situación a los organismos pertinentes».
Tras la detención del presunto testaferro de Maduro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se encontraba «en tránsito» en Cabo Verde para volver al país.
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Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de mandatario.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la administración de Maduro.
Según un funcionario del Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con «cientos de millones de dólares».
