Los Ángeles (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El Gobierno del presidente Donald Trump ha continuado su cruzada contra el Estatus de Protección Temporal (TPS), iniciada en su primer mandato, aunque por el momento ha dejado en pie el amparo para El Salvador, un país que ha sido aliado de la Casa Blanca en su política de deportaciones masivas, sin que esto sea una garantía.
El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado en los últimos meses la cancelación del TPS para más de 800.000 inmigrantes de Venezuela y Haití, y este martes hizo oficial el fin del beneficio para cerca de 76.000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes.
La finalización del programa deja a los inmigrantes expuestos a la deportación y sin permisos de trabajo. En todas las decisiones la Casa Blanca ha argumentado que las condiciones en sus países de origen ya no cumplen con los criterios para la designación del TPS.
El amparo se otorga a ciudadanos de un determinado país que han migrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite vivir y trabajar en el país hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura. Actualmente hay inmigrantes de 17 países protegidos por el TPS.
Trump ya había cargado en su primera gestión (2017-2021) contra este beneficio cuando intentó terminar con el TPS de seis países -El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua, Haití y Sudán-, lo que originó una demanda contra el Ejecutivo estadounidense que terminó perdiendo.
Si los tribunales no hubieran fallado a favor de los tepesianos, como se conoce a los favorecidos por el programa, las órdenes de Trump habrían puesto fin a la protección humanitaria para más del 98 % de todas las personas que tenían este estatus en 2017, según documentos judiciales.
Uno de los grupos más grandes para ese momento de los protegidos eran los salvadoreños. Trump se refirió en ese entonces a El Salvador y Haití como naciones de “mierda” y sugirió que preferiría recibir a más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones.
Precisamente, esos comentarios ayudaron a los demandantes a argumentar que el fin del beneficio se había dado por motivos racistas.
¿Quiénes serán los próximos?
En su regreso a la Casa Blanca, Trump ha criticado especialmente los beneficios otorgados por su antecesor, el expresidente Joe Biden (2021-2025), que otorgó el TPS a los venezolanos y amplió la protección a haitianos, hondureños, nicaragüenses, y a unos 174.000 salvadoreños, entre las 17 nacionalidades actualmente protegidas.
El TPS para El Salvador está vigente hasta septiembre de 2026, y la actual Casa Blanca no se ha movido para reducir la extensión como sí lo hizo en febrero pasado con el amparo para Haití.
Trump y sus funcionarios han mantenido muy buenas relaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que actualmente presta servicios carcelarios para mantener detenidos a unos 230 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Sin embargo, la buena relación de los dos países no deja de preocupar a los defensores de los inmigrantes.
“Con esta administración no sabemos qué va a pasar, así que todo el mundo debe tener que prepararse para una eventual terminación del TPS”, dijo a EFE Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal).
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La activista advierte que los salvadoreños favorecidos con el TPS desde 2001 ya enfrentan un panorama problemático, ya que los nuevos permisos de trabajo no han sido enviados.
La organización ha reportado varios casos de salvadoreños que han perdido su trabajo y no han podido renovar sus licencias de manejo debido a la confusión de las autoridades.
“Las empresas y las mismas autoridades locales se confunden sobre quién tiene permiso y quién no, al decir que han cancelado un TPS piensan que es a todos”, agrega Tejada.
El TPS no habría protegido tampoco al salvadoreño Rodolfo Villanueva Aguilar, detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Adunas (ICE) junto a su hijo Dennis, el pasado 24 de junio en la ciudad de West Covina, en el condado de Los Ángeles, cuando arreglaban un jardín.
El cuscatleco y su hijo fueron enviados a un centro de detención en El Paso (Texas), en la frontera con México, lo que ha dificultado más la defensa del inmigrante.
La Casa Blanca enfrenta nuevamente una serie de pulsos legales por el TPS.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, dijo a EFE que un ataque contra un país designado para TPS es «un ataque contra todos» los beneficiados, y que debe enfrentarse el odio, «y debemos hacerlo unidos».
Ana Milena Varón
