Ciudad de Panamá, 28 nov (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este martes «inconstitucional» el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, una decisión que se espera ponga fin a una crisis nacional y abra un frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
Por «unanimidad», el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato.
«Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país», declaró la presidenta acompañada por el resto del pleno en una declaración emitida en directo.
López Arias indicó que una vez quede «ejecutoriada la sentencia», se procederá «a emitirla para su publicación en la Gaceta Oficial».
«Aprovechamos la oportunidad para enviarle un mensaje de felicitación a los panameños, con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia, que Dios bendiga a Panamá», cerró la magistrada en referencia a la celebración este 28 de noviembre de los 202 años de la declaración de independencia de Panamá de España.
La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano causando daños irreparables al ecosistema, según los grupos ambientalistas que tienen años luchando contra el enclave.
Con este fallo, el contrato «deja de existir», habían adelantado a EFE ante esta posibilidad la ex fiscal general panameña Ana Matilde Gómez y el experto constitucionalista Ernesto Cedeño, y en consecuencia el Ejecutivo tendrá, en el corto plazo, que ordenar el cese de operaciones de la mina, que no es lo mismo que su cierre, un proceso que tomará años de acuerdo con los expertos.
El presidente acatará el fallo
El presidente panameño reaccionó al fallo del máximo órgano judicial subrayando que acatará la orden.
«Como presidente de la República, siempre respetuoso de la separación de los poderes del Estado y de nuestra Constitución, recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia, expresada en su fallo de hoy, sobre la Ley 406 del contrato minero», afirmó Cortizo en un breve comunicado.
«Reitero al país mi total convicción sobre el valor de la justicia, como columna vertebral de la democracia», concluyó el presidente, muy criticado por la celeridad con la que fue aprobada esta ley, en apenas tres días.
Minera Panamá ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, según informó el pasado 26 de noviembre el Gobierno panameño, que dijo estar listo para defender al Estado.
La compañía minera respondió anoche al comunicado del Gobierno panameño, asegurando que el objetivo de la notificación era «meramente cumplir con las formalidades» con el propósito «de abrir entre las partes un período de diálogo de al menos 90 días».
Se espera que esta decisión ponga fin a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el Gobierno, que ha dejado cuatro muertos, un paro docente que dejó sin clases en el último mes a cerca de 800.000 estudiantes, y un descalabro económico por los bloqueos de vías liderados por grupos indígenas y sindicatos.
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El rechazo al contrato minero generó asimismo las mayores protestas pacíficas en décadas en Panamá, lideradas por los jóvenes, que fueron malogradas por «infiltrados» que causaron desórdenes y una respuesta de la policía que fue tildada de excesiva por la Defensoría del Pueblo.
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