La declaración de los Obispos merece ser leída, estudiada y asimilada como un instrumento útil para el diagnóstico de la realidad nacional, para su correcta evaluación, pero, sobre todo, para estimular acciones concretas en la dirección de superar la larga y dolorosa crisis que estamos sufriendo Venezuela como país y los venezolanos como ciudadanos y como hijos de Dios.
Como era previsible, la declaración de la Conferencia Episcopal asume como documento de trabajo el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos publicado el 4 de julio de 2019. Allí se dice claramente que: “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y a la salud, en Venezuela”. También se habla de la violación a los derechos humanos en general y se hace una mención especial a los casos recientes que condujeron a la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo y la perdida de la visión del joven Rufo Chacón, hechos que ya habían sido condenados enérgicamente por la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia que preside Monseñor Roberto Lucker.
Dicen nuestros obispos: “Dios quiere lo mejor para Venezuela. Sus designios son de prosperidad, no de desgracia; Él nos da un porvenir y una esperanza”. Y recuerda lo que ya habrán afirmado en el Concilio Plenario de Venezuela: “Una de las grandes tareas de la Iglesia en nuestro país consiste en la construcción de una sociedad justa, digna, humana, cristiana y solidaria”. Esto postula un decidido compromiso de todos por la defensa de la dignidad de la persona humana y el bien común.
La declaración habla de la renovación ética y espiritual del país como tarea de todos. Favorecer la educación en principios y valores e invitar a la reconstrucción democrática del país en la justicia, la libertad y la paz.
¡Bien por nuestros obispos!
Seguiremos conversando.