Washington, 31 ene (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de «regímenes autoritarios», por lo que instó a reconstruir la democracia en el país.
El organismo se refirió entre otras personas a la candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado.
El pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó su inhabilitación política para competir en esa y otras elecciones hasta 2036.
Para la CIDH, al apartar de la contienda a reconocidos dirigentes de la oposición «se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno».
Adicionalmente, en su opinión, «se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas».
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.
El gobierno venezolano denunció en 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos, que da base jurídica a la CIDH, y en 2017 hizo lo propio con la Carta de la OEA.
En su mensaje recordó que ningún órgano administrativo puede restringir a través de sanciones de inhabilidad o destitución los derechos políticos a elegir y ser elegido.
«Este tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal», dijo la CIDH, subrayando que «en un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad».
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En Venezuela, añadió, «es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público», y también se deben adoptar «con urgencia» medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y otros poderes públicos.
«Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas», concluyó la organización, integrada por siete miembros que no representan a sus respectivos países de origen o residencia.
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