La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Fernando Alberto Albán Salazar, dirigente opositor venezolano que murió bajo custodia del Estado en octubre de 2018, tras concluir que Venezuela incurrió en violaciones de derechos humanos relacionadas con su detención, tortura y muerte.
El organismo informó que sometió el caso N.º 14.267 ante la Corte IDH el 5 de agosto. La denuncia había sido presentada ante la comisión el 26 de abril de 2019 y también contempla las agresiones que, según la CIDH, sufrieron familiares de Albán, así como la falta de investigación efectiva sobre su muerte.
Albán, de 56 años de edad, era dirigente de Primero Justicia y concejal del municipio Libertador de Caracas. De acuerdo con la información recogida por la comisión, fue detenido el 5 de octubre de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando regresó de Nueva York, donde había participado en actividades relacionadas con la Asamblea General de Naciones Unidas.
La CIDH señaló que la detención del opositor ocurrió sin orden judicial y que durante aproximadamente 20 horas las autoridades negaron que estuviera detenido, situación que llevó a sus familiares a denunciar desaparición forzada.
Tres días después, el 8 de octubre, mientras sus abogados esperaban que fuera presentado ante un tribunal, el entonces fiscal general informó que Albán había muerto tras lanzarse desde una ventana de la sede del Sebin.
La versión fue cuestionada por los familiares y los representantes legales de la víctima, que denunciaron inconsistencias en torno a las circunstancias de la muerte, entre ellas contradicciones en los certificados de defunción.
La CIDH concluye que Albán fue ejecutado extrajudicialmente bajo custodia estatal
Tras analizar el caso, la CIDH concluyó en su Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 320/25 que la detención de Albán fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración. El organismo también determinó que fue sometido a torturas y posteriormente ejecutado extrajudicialmente mientras se encontraba bajo custodia del Estado.
La comisión sostuvo además que el proceso penal iniciado contra el dirigente opositor vulneró garantías fundamentales y que las autoridades no realizaron una investigación diligente sobre su muerte.
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La persecución contra Albán estuvo relacionada con su actividad política y su militancia opositora, según el organismo.
La CIDH concluyó que el Estado venezolano violó los derechos a la personalidad jurídica, vida, integridad y libertad personales, garantías judiciales, principio de legalidad, presunción de inocencia, honra y dignidad, vida privada y familiar, igualdad y protección judicial, contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También estableció responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones establecidas en las convenciones interamericanas contra la tortura y sobre desaparición forzada.
Solicitan investigar la cadena de mando
Al presentar el caso ante la Corte-IDH, la CIDH solicitó que el tribunal declare la responsabilidad internacional del Estado venezolano y ordene una serie de medidas de reparación para los familiares de Albán.
Entre las solicitudes figura una investigación que permita esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.
La comisión pidió que se investigue y sancione a los responsables, incluida la cadena de mando, y que la familia de Albán pueda participar en el proceso a través de su defensa.
También solicitó reparación integral por los daños materiales e inmateriales, además de un programa de atención psicológica y psicosocial para sus familiares, siempre que estos manifiesten su voluntad de recibirlo.
Otra de las medidas planteadas consiste en eliminar las consecuencias que pudieran derivarse de los procesos y antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales vinculados con Albán y su familia.
El organismo pidió al Estado adoptar medidas para prevenir y sancionar posibles actos de hostigamiento, persecución o amenazas contra los familiares del dirigente opositor y los integrantes de su defensa.
Como garantías de no repetición, la CIDH planteó fortalecer la independencia en la designación de la Fiscalía General, asegurar investigaciones imparciales cuando ocurran muertes bajo custodia estatal y evitar declaraciones públicas de las autoridades sobre causas penales que se encuentren en trámite.
Recomendó capacitar a funcionarios del Sebin, el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre los derechos de las personas privadas de libertad y los estándares de debida diligencia que deben aplicarse en estos casos.
El sometimiento del expediente a la Corte-IDH abre otra etapa en el proceso internacional. El tribunal deberá determinar las eventuales responsabilidades y reparaciones que correspondan conforme al caso presentado por la comisión.
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