Caracas, 13 oct (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) condenó este martes la llamada «ley antibloqueo», promulgada por el Ejecutivo, y advirtió que no reconocerá los negocios suscritos en el marco de ese instrumento legal que busca burlar las sanciones económicas impuestas al Gobierno de Nicolás Maduro.
«Cualquier negociación o contrato será ilegal y desconocido por la Asamblea Nacional y no tendrá ningún valor en Venezuela y en el exterior», dice una nota de prensa del Legislativo que da cuenta del debate virtual celebrado esta jornada en el que los diputados acordaron condenar la ley en cuestión.
La Cámara aprobó un acuerdo en el que declaran a la ley como «inexistente» e «ineficaz» al considerar que viola principios de organización del poder público y «crea un marco autocrático exento de controles jurídicos y políticos para el régimen usurpador» del presidente Nicolás Maduro.
Quien negocie bajo el cobijo de la ley antibloqueo «podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos», dice el escrito.
El acuerdo del Parlamento, de mayoría opositora, insta también a «investigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a las personas que estén involucradas» en la «ilegítima promulgación y aplicación» de esa normativa.
Los diputados tildaron la ley como inconstitucional, al alegar que no fue aprobada por el Parlamento, así como de «instrumento de aplicación fáctica», pues su contenido será acatado por todas las instituciones del Estado, las que a su vez no reconocen las directrices de la AN.
LEY QUE ANULA LEYES
La ley, denominada de «antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano», fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada sólo por oficialistas, luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia.
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Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al «poder público» de herramientas jurídicas para «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición» de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.
Según el artículo 19, «cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)» el Ejecutivo procederá a «inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente».
La ley fue redactada y propuesta por Maduro y tendrá vigencia hasta que cesen todas las sanciones impuestas que, según el Ejecutivo, son más de 300 solo las aplicadas desde Estados Unidos.
Maduro anunció luego la creación de un centro internacional de inversiones con el que espera atraer capitales locales y extranjeros que impulsen la economía nacional en el marco de esa ley.
