Lejos de poder asumir sus cargos, apartados de los estrados y sin siquiera haberse podido instalar en su sede natural, cinco de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional (AN) tuvieron que arriesgar sus vidas para poder salir de Venezuela.
Merced de haber sido arrestados —sobre ellos pesaba la orden presidencial de Nicolás Maduro y su gobierno de aprehenderlos como si se tratase de los criminales más buscados— , 80 días después de haber permanecido recluidos en la residencia del embajador de Chile en Caracas, Pedro Ramírez, los juristas decidieron jugarse su suerte huyendo, literalmente, del país.
A pesar de que Elenis Rodríguez, Zuleima González y Luis Manuel Marcano (Sala Constitucional); Fernando Nuñez (Sala Político Administrativa) y Beatriz Ruiz (Sala de Casación Penal) recibieron el 22 de agosto el beneficio de asilo político por parte del canciller chileno, Heraldo Muñoz, su destino seguía en manos del gobierno de Maduro.
Si bien no podía detenerlos mientras no salieran de la Residencia, para abandonar Venezuela, debían recibir un salvoconducto de manos del gobierno chavista para partir rumbo a Chile sin ser detenidos.
Pero el documento nunca fue expedido, por lo que a los 80 días de encierro, salieron sin ningún tipo de protección. “Tomamos el riesgo de evadir la persecución y sin avisar a familiares, salimos una madrugada aprovechando la ausencia del embajador”, reveló Rodríguez.
Una vez se hallaron en la calle, abordaron vehículos que los trasladarían con dirección hacia la frontera con Colombia, teniendo que cruzar un trayecto en el que debían impedir, a toda costa, que los parara una alcabala o los avistara alguna emboscada de agentes de seguridad.
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La angustia y la ansiedad de saber que podían ser atrapados no fue el peor de los recuerdos de los abogados, que no terminaron ilesos su travesía.
Un camión chocó contra uno de los automóviles en el que viajaban tres de los juristas, quienes no salieron ilesos del incidente, que se produjo cuando transitaban por La Fría, estado Táchira.
“Quedamos golpeados y producto del impacto pensé que iba a salir disparada por el techo”, reveló la abogada, que además sufrió lesiones en la cabeza, el seno izquierdo y la cervical.
En lugar de hacer una parada, reposar o buscar asistencia médica, optaron por continuar su marcha, a sabiendas de que debían llegar a Colombia a como diera lugar, más allá de sus integridades.
Para su suerte pudieron llegar a Cúcuta, y una vez en Colombia, país que dio refugio a otros integrantes del TSJ, y labores de diplomáticos chilenos, finalmente arribaron a Santiago el 19 de octubre, a casi dos meses de su designación por parte del Legislativo.
Cuando Elenis Rodríguez llegó a la residencia del embajador chileno en Caracas, Pedro Ramírez, la medianoche del 30 de julio, asegura que fue víctima de chantajes para intentar convencerla de que debía renunciar a su cargo como magistrada, que asumió el 21 de ese mes.
“El director del Sebin llamó por teléfono queriendo que renunciara. Dijo que me iban a quitar los cargos y que harían una revisión de las medidas que tomaron contra mí”, recordó la jurista.
Sobre ella y otros 32 magistrados pesaban órdenes de captura dentro de Venezuela, en especial después de que Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial reconocido por el chavismo, oficializara que les habían imputado los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones.
Además les congelaron sus cuentas bancarias.
Pero por sus cabezas nunca pasó la posibilidad de ceder. “Seguimos firmes a nuestros principios. El gobierno quería humillarnos y no les dimos el gusto”, atinó.
Al contrario, refutó los alegatos de Mendoza, a quien criticó sus formas y el hecho de que pretendan calificarlos como una “instancia paralela”.
“La sentencia de Mendoza fue extemporánea. A nosotros además nos juramentó el único poder legítimo que hay en el país, que es la Asamblea Nacional”, apuntó.
Agregó que no violaron ninguna ley, pues el Parlamento los designó mediante un Comité de Postulaciones que contó con participación de académicos, ONG y expertos, como establece el artículo 264 de la Constitución.
“Somos tan legítimos que nos persiguen y si nuestros actos fueran nulos, no estarían asustados pidiendo que se declare una alerta roja contra nosotros”, indicó.
Y aunque se hallan fuera de su patria, aseguró que los juristas, además de seguir trabajando en colaboración con los otros integrantes del TSJ, regados por Colombia, Estados Unidos y Europa —adonde también han viajado— no van a quebrarse.
“Estamos muy agradecidos con Chile por apoyarnos desde el primer momento”.
Instalados en el exilio
El TSJ se instaló formalmente el 13 de octubre en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) ubicada en Washington, Estados Unidos.
En su primera sentencia declararon la nulidad absoluta de la asamblea nacional constituyente, que consideran se instaló de manera inconstitucional, por lo que sus actos son írritos.
Paralelamente el Poder Judicial, que goza del reconocimiento de organismos como la OEA, Unión Europea y países como Estados Unidos, recaba informaciones para adelantar investigaciones contra funcionarios venezolanos vinculados a violación de derechos humanos, narcotráfico y corrupción.
“Queremos hacer justicia sin venganza contra los que violaron derechos humanos, persiguieron estudiantes, asesinaron a ciudadanos o mantienen presos políticos”.
