El Tribunal Constitucional (TC) de Perú declaró «fundado» el recurso de «habeas corpus» para la liberación de Keiko Fujimori, la excandidata presidencial y líder opositora puesta en detención preventiva hace un año.
La decisión fue adoptada por cuatro votos contra tres en el TC, que publicará el jueves los términos de su resolución, según informó su presidente, Ernesto Blume.
Blume espera que al díasiguiente se envíe la resolución al Poder Judicial para que la haga efectiva lo antes posible y que Fujimori pueda salir de la prisión de Lima en la que ha estado recluida desde hace más de 12 meses.
Fujimori está siendo procesada por un presunto lavado de activos en el marco del escándalo de corrupción alrededor de la constructora brasileña Odebrecht.
La resolución del TC generó gran revuelo en Perú dado que declaró nulas tres decisiones de instancias judiciales inferiores que habían ratificado la prisión preventiva contra Fujimori en 2018.
Blume reconoció que se trata de «un caso relevante que viene concitando la atención de toda la colectividad peruana y extranjera», pero subrayó que se tomó tras «un debate amplio, de altura, sereno y sin restricciones».
No es absolución
Keiko Fujimori, quien lidera del partido Fuerza Popular y es hija del expresidente Alberto Fujimori, fue puesta bajo prisión preventiva el 31 de octubre del año pasado.
Es investigada por lavado de activos por presuntamente haber recibido dinero de origen ilícito de Odebrecht para financiar sus campañas electorales, lo cual rechaza Fujimori.
En cambio, sí ha aceptado que empresarios peruanos le dieron recursos que no declaró ante los organismos correspondientes porque, según dijo, se le pidió mantenerlos en reserva.
Blume aclaró que el máximo tribunal no ha absuelto ni condenado a la congresista de Fuerza Popular de los cargos que se le imputan puesto que «no ha juzgado el tema de fondo».
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Y agregó que ese juicio será «responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional respeta de manera escrupulosa».
La decisión del TC ordena «retrotraer las cosas al estado anterior de las resoluciones anuladas y disponer la inmediata libertad de la favorecida».
La defensa de Fujimori presentó un recurso en el que se acoge a su derecho a guardar silencio en el caso de presunto lavado de activos en su contra, pues argumentó que «no existen las garantías mínimas de respeto al debido proceso».
