Para la presidenta regional de Primero Justicia en el estado Táchira, Karim Vera, la reciente apertura de los puentes internacionales es totalmente improvisada, pues del lado venezolano nunca se prepararon para esta medida y esa zona del estado sigue con los mismos problemas que ha tenido desde el momento en que se cerró.
Vera, quien este jueves sostuvo un encuentro con los medios de comunicación del estado Táchira, recordó que durante los últimos años y precisamente en época de campaña electoral, la apertura de frontera fue un tema utilizado desde el punto de vista político, “pero en tantos años nunca se atendió la zona fronteriza para brindarle mejores condiciones al ciudadano venezolano y al que viniera de visita para que esa apertura fuese efectiva”, expuso.
Dijo que en la frontera existe una infraestructura de servicios públicos como luz y agua totalmente deficitaria, al igual que una infraestructura vial que no sirve y no es competitiva con la del lado colombiano.
Precisó que del lazo venezolano no existe la posibilidad de garantizarle seguridad a propios y extraños porque se sigue bajo el ojo avizor de los grupos irregulares que terminan imponiendo la ley en esas zonas.
Sostuvo que a la fecha existe una frontera oficialmente abierta entre comillas, porque pareciera que esa flexibilización es muy conveniente para el gobierno regional en época de feria. Manifestó que habría que ver cuál es la verdadera realidad de ese paso vehicular luego de que termine ese periodo de gracia y empiecen a solicitar de ambos lados de la frontera, los requisitos necesarios para trasladarse de un lado a otro.
Adicionalmente, la dirigente de PJ en el Táchira detalló que durante los años de cierre fronterizo se ocasionó un daño patrimonial que excede los 100 millones de dólares anuales, solo en impuestos nacionales.
Vera indicó que la medida sirvió para que algunos se beneficiaran, pero hasta el momento no hay investigados y mucho menos responsables que expliquen cómo sólo en impuestos nacionales se perdieron más de 100 millones de dólares anuales. Agregó que por impuestos municipales hubo una pérdida de cuatros millones de dólares y se percibió únicamente 150 mil dólares por año, mientras se normalizó el contrabando.
Explicó que se están organizando y junto a un equipo ha realizado una recopilación y denunciado todo lo irregular que ocurrió con la decisión política desde Venezuela de cerrar los pasos regulares que pasó por la creación de empresas contrabandistas como la Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira, Compañía Anónima (Cobiserta, C.A) “que junto a otras más evadió más de 200 millones de dólares, hasta innumerables violaciones a los derechos humanos como: el marcar las viviendas, pasando por la delincuencia organizada y uniformada que ha hecho vida en los sectores”.
Recordó también el llamado código trocha que fue implementado para pasar mercancía por los llamados caminos verdes y que sirvió para que unos pocos se enriquecieran.
Zulma López / DLA.-
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