El pasado 23 de diciembre, 77 personas detenidas que presuntamente participaban en una red de pornografía en el estado Mérida, acudieron a una audiencia de presentación en flagrancia en la que se les imputaban por parte del Ministerio Público los cargos de: pornografía, asociación para delinquir y legitimación de capitales; quienes fueron dados en libertad por el juez Carlos Manuel Márquez Vielma, tras demostrar mediante la defensa de los implicados que no existían elementos de convicción para que se les decretara con lugar la privativa de libertad. En un hecho irregular familiares y abogados informaron que fueron nuevamente recluidos mientras se les realizaba el proceso de firma de boletas de excarcelación.
Se conoció que la defensa pudo alegar la práctica de allanamiento sin la debida orden por parte de los efectivos castrenses, destrucción de la propiedad privada al derrumbar varios portones para poder ingresar y la declaración de los testigos presentes de que en el lugar no se encontraron preservativos, lubricantes, juguetes sexuales, personas desnudas o en prácticas sexuales que demostraran que verdaderamente en el sitio operaba un red de pornografía, lo cual fue expuesto por la defensa ante el juez Márquez, quien concluyó la falta de elementos contundentes presentados por el Ministerio Público y ordenó la liberación.
Abogados y familiares denunciaron que después de dictada la liberación y comenzado el proceso de firma de las boletas de excarcelación, el juez Márquez recibió una llamada telefónica que lo llevó a pedir disculpas a los presentes, asumir haberse equivocado y revoca su propia decisión, dejando el efecto suspensivo bajo potestad de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Mérida y anulando de forma inmediata el proceso de liberación, obligando nuevamente a las 77 personas a quedar privadas de libertad.
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“La acción del juez Carlos Márquez Vielma de revocar su propia decisión fue efectuada después de recibir una llamada de la cual se desconoce autor o procedencia, lo que pone en tela de juicio su propia autonomía, además de violar el derecho de libertad y garantías constitucionales establecidas en la ley, hecho que vulnera el estado de derecho” expresó uno de los abogados que conformó la defensa.
Familiares y afectados aún se encuentran a la espera de una respuesta por parte de las autoridades competentes y esperan se pueda esclarecer la irregularidad por la cual continúan privados de libertad los 77 ciudadanos, quienes aparentemente deben esperar a que se cumpla el receso judicial para poder ser atendidos nuevamente.
