Además los educadores que fueron transferidos, no les han actualizado las respectivas clasificaciones docentes, postgrado, primas geográficas y años de servicio, no habiendo podido cobrar, los sueldos, salarios y primas contractuales, de acuerdo a la progresividad laboral y contractual vigente
En el estado Trujillo gracias al gobernador bolivariano, militar jubilado, Henry Rangel Silva, y al ministro para la Educación, Elías Jaua, más de 500 mil maestros y su grupo familiar están sin servicios médicos en las clínicas, violando sistemática y abiertamente los derechos humanos, contractuales, laborales y constitucionales, establecidos con claridad meridiana en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La denuncia la formula el profesor José Miguel Briceño, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio Trujillano (Suma Trujillo) filial de Fetramagisterio.
Además de esta violación revolucionaria del Siglo XXI – continuó el dirigente sindical – los educadores para realizar cualquier tipo de consulta médica o exámenes, tienen que pagar un viaje de copias existiendo una ley de simplificación de trámites administrativos, lo que demuestra a cielo abierto, el desorden, la anarquía, la falta de organización, planificación y visión de estos altos funcionarios, con sus respectivos directores de gobierno, rojo rojitos.
No conforme con estas trasgresiones patronales y oficialistas – indicó – también vulnera la reciente Convención Colectiva Unificada que firmaron como estado-patrono, donde establecieron como progresividad humana y laboral, la seguridad social de los educadores y su grupo familiar.
Con esta cruz socialista los docentes de esta tierra de santos y sabios enfrentan otra realidad bolivariana – puntualizó – como son las coberturas de hospitalización, cirugía y maternidad, que son de 20 millones, lo cual no alcanza para ingresar a cualquier servicio médico clínico del país, mucho menos para cubrir cualquier emergencia u hospitalización del titular o su familia, constituyéndose así en otra violación más de sus derechos y garantías fundamentales.
Además de estas penurias oficialistas – recuerda para finalizar José Miguel Briceño – los educadores que fueron transferidos, no se les ha actualizado, las respectivas clasificaciones docentes, postgrado, primas geográficas y años de servicio, es decir después de aproximadamente 17 meses, de la trasgresión arbitraria, estos docentes no han podido cobrar, los sueldos, salarios y primas contractuales, de acuerdo a la progresividad laboral y contractual vigente.
Violación descarada
De allí que el estado-patrono socialista viola descarada y sistemáticamente el estado social de justicia y derecho, establecido en el ordenamiento actual, lo cual empobrece cada día el poder adquisitivo de todo el magisterio.
