A través de un comunicado de prensa el presidente del Suma-Trujillo, José Miguel Briceño, denunció que bachilleres inexpertos y sin ningún nivel académico reemplazan en áreas críticas a los profesionales de la docencia con especialidad, magíster y doctorado, en ese sentido expresó “esta política bolivariana cargada de premeditación y alevosía revolucionaria y socialista, representa el desmantelamiento de estado docente y el fin de esa carrera “.
Aseguró que sustituyen a cielo abierto “la universidad, la experiencia docente, lo académico profesional y laboral de 5, 10, 20 y 25 años de servicio por la imposición arbitraria, partidista, populista y clientelar del dedo madurista de 5 semanas o 40 días de clase, práctica chavista discriminatoria que lejos de contribuir con el facilismo de un pequeñísimo grupo que no son tan juveniles cómo lo pregonan, resquebrajan, desvirtúan y contaminan el hecho educativo y pedagógico, que a lo largo de la historia ha sido ejercido por profesionales de la docencia de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica, promotores y protagonistas del conocimiento científico, tecnológico y sobre todo han sido baluarte del respeto de todas las corrientes del pensamiento”.
Asimismo señaló que esta demagogia clientelar roja “viola abierta, descarada y sistemáticamente los derechos humanos, la progresividad contractual, laboral, constitucional establecida en la IV C.C.O. VII Contrato Cláusula 24, concurso de ingreso, promoción y ascenso, convención unitaria, Cláusula 93, permanencia de los beneficios contractuales, Ley Orgánica de Educación de 1980 vigente por la disposición derogativa de la nueva ley del año 2009 donde se establece en su artículo 78 “…El Ejecutivo Nacional establecerá un Régimen de Concursos Obligatorios para la Provisión de cargos.”, en el reglamento de la Profesión Docente: en su Artículo 57 “…Todos los cargos de la carrera docente serán mediante concursos de méritos y de oposición…”, asimismo la Constitución Nacional que en el artículo 104 expresa “…El ingreso, promoción y permanencia en el Sistema Educativo será establecido por la Ley y responderá a criterios de evaluación de méritos sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académicas”.