En la anterior entrega nos referirnos a la catástrofe económica a la cual el régimen de Maduro ha llevado al país, sus políticas erradas, continuadoras de las medidas neoliberales asumidas por su antecesor; las dimensiones gigantescas de la corrupción e impunidad, el desconocimiento a la voluntad popular respecto a la Asamblea Nacional elegida en 2015 y a la más descarada violación de Derechos Humanos, así como a la complicidad sumisa de los demás Poderes Públicos.
En el año 2018, tal como lo señalamos en la entrega anterior, el régimen de Maduro, luego de la más descarada complicidad estratégica del CNE para impedir el referendo revocatorio de su mandato solicitado constitucionalmente por sectores de oposición, fue reelecto en la más risible parodia comicial que hayamos presenciado, caracterizada por el impedimento de participación de partidos y candidatos opositores, sin la más mínima auditoria al registro electoral llevado por el CNE, con los miembros de este máximo organismo electoral totalmente militantes del oficialismo y, además, sin la participación de observadores internacionales confiables sino de organismos y países aliados al régimen de Maduro. Por consiguiente, el régimen que surge de este fraudulento proceso electoral es absolutamente inconstitucional y por consiguiente inexistente e ilícito, además de usurpador y violatorio de los más elementales derechos electorales del pueblo, sostenido vigorosamente por intermedio de una secta militar altamente corrupta y basada en el más cruel terrorismo de Estado para atentar contra sectores de oposición y que ha permitido que este usurpador gobierno se mantenga hasta el presente, con las más aberrantes prácticas de corrupción y violación de Derechos Humanos, que lesionan gravemente a la población venezolana e impiden que ésta ejerza su legítimo derecho a elegir un gobierno verdaderamente democrático a través de elecciones libres que garanticen los más elementales principios y derechos electorales.
A esta terrible situación, el destacado economista y profesor universitario Humberto García Larralbe, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en interesante artículo de opinión publicado el 11 de enero de 2021, en lapatilla.com, titulado “¿Dónde nos encontramos? Una aberración que ha durado demasiado”, el cual ha servido de punto de referencia para la elaboración de estas líneas, la ha llamado en términos políticos una “aberración”, que siguiendo al Diccionario define a este término. “Acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o licito”, y afirma acertadamente que “Por tanto, el mando impuesto por Maduro no debería existir. Constituye un extravío inadmisible, que debe ser eliminado”.
Por consiguiente, las consecuencias de este desgobierno no podrían ser más graves o catastróficas al cierre del año 2020, por cuanto la economía del país se redujo adicionalmente en más de un cuarenta por ciento, lo que representa la cuarta parte de lo que Maduro recibió al tomar por primera vez el gobierno; se intensifico la destrucción de nuestra industria petrolera, la cual produce menos de 300 mil barriles diarios, lo que significa la más grave caída de su producción diaria. Aunado a este desastre petrolero, la hiperinflación condujo a una multiplicación de más de 250 veces los precios de todos los productos, lo que conllevo a que Venezuela sea el país más pobre de América Latina, según lo ponen de manifiesto importantes estudios de destacados y confiables centros universitarios, como lo es la prestigiosa encuesta “ENCOVI”, que el gobierno ha pretendido infructuosamente contradecir, frente a la realidad que afronta día a día la población y los millares de hogares más empobrecidos o en situación de pobreza extrema.
Respecto de la monstruosa violación de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, a través de Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, en forma documentada procedió a constatar y verificar las múltiples denuncias efectuadas tanto por organizaciones internacionales como nacionales respecto a la violación amplia y generalizada de violación a los Derechos Humanos por parte del régimen, llegando en su destacado Informe del 2020 a considerar la ocurrencia de delitos o crímenes de lesa humanidad contra la población y atribuyendo responsabilidades en su comisión a las más altas esferas o niveles del Estado, lo que de igual modo fue corroborado en los Informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet. A esto se suma, que la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, a quien le ha correspondido el “Caso Maduro”, haya recientemente afirmado en su último informe haber encontrado “fundamentos razonables” para considerar que en Venezuela “se cometieron crímenes de competencia de la Corte desde al menos abril de 2017”.
Todo lo antes expresado, confirma tajantemente, el “tímido y modesto” título de estas líneas, en cuyas próximas entregas continuaremos exponiendo sobre las atrocidades e inconstitucionales del régimen nefasto que ruinosamente maneja a este hermoso y querido país.
José Francisco Conte C.
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Abogado y Profesor Universitario
