Bogotá, 28 abr (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó este martes que 20 exguerrilleros de las FARC son «máximos responsables» del reclutamiento y utilización de niñospara el conflicto armado colombiano, por lo cual los llamó a reconocer su participación en esos crímenes.
Los imputados hicieron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y Comando Conjunto Central de las FARC, y se les vinculó al proceso porque, según ese tribunal, «ejercieron mando o cumplieron roles determinantes en el reclutamiento de menores».
La investigación hace parte del Caso 07 de la JEP, titulado ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’, que incluye a 11.052 víctimas, de las cuales 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales afectados y 2.025 son víctimas individuales.
«Esto evidencia que el reclutamiento afectó de manera desproporcionada a comunidades históricamente vulneradas. Los pueblos indígenas y afrocolombianos no solo perdieron a sus niños y niñas, sino también vieron afectadas sus estructuras sociales, su continuidad cultural y sus formas de vida», afirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en una rueda de prensa.
La magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, explicó que los 20 comparecientes tienen dos caminos a partir de su imputación: reconocer su participación en estos delitos para seguir el proceso por la vía de la restauración, que no conlleva penas de cárcel, o si no lo hacen, pasar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP donde pueden enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión.
La JEP determinó que el reclutamiento fue mayoritariamente forzado (64 %), seguido de modalidades de engaño (22 %) y persuasión (13 %), y que no «fue un fenómeno aislado» sino que más bien tuvo un recrudecimiento «sistemático» entre 1996 y 2016.
«Detrás de cada cifra hay una historia, una vida interrumpida, una infancia arrebatada. Por lo que esta decisión es un llamado a los imputados a reconocer su responsabilidad. Es imperativo y es un deber moral con las víctimas», aseguró Ramelli.
La investigación, que comenzó en 2019, tuvo cinco momentos clave que incluyó el análisis del delito, la «transformación del daño», el planteamiento de necesidades restaurativas por parte de las víctimas, y la activación de respuestas institucionales y comunitarias.
La JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para investigar y juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano, tiene abiertos 11 macrocasos por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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