Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, la movilidad humana en el mundo da cuenta de un aumento en los últimos años. Actualmente, los migrantes internacionales son el 3,6% de la población mundial, lo que significa 281 millones de personas desplazándose de sus lugares de origen en todo el planeta.
Esta tendencia se mantiene en América Latina y El Caribe. Específicamente, en el continente el número de migrantes se ha duplicado en los últimos 15 años (2007- 2022), pasando de alrededor de 7 millones a 15 millones, representativo del 5,3% a nivel mundial, una situación determinada por la crisis humanitaria de Venezuela, que ha devenido en la mayor diáspora de migrantes y refugiados en búsqueda de asilo que ha vivido la región.
La diáspora venezolana tiene su causa principal en la destrucción de la calidad de vida y de las instituciones en Venezuela, un país dominado por un régimen político que viola sistemáticamente los derechos humanos, como bien lo han reseñado distintos informes de Naciones Unidas, con una economía que se contrajo por séptimo año consecutivo el 2021, mostrando una reducción del -7% del PIB, una inflación anual de 687%, y donde el 95% de la población está en situación de pobreza y un 75% en pobreza extrema (Encovi, 2021).
En consecuencia, la diáspora Venezuela asciende a 6.133.473 personas migrantes solicitantes de asilo y refugio, de las cuales, 5.083.998 están en la región (ACNUR, 2022), con lo cual el 34% del total de la población migrante internacional de América Latina y El Caribe corresponde a venezolanos(as).
En cuanto a la distribución de estos flujos migratorios, se observa una alta concentración de la diáspora venezolana en cuatro países, donde viven el 80% del total de esta población migrante, es decir, 4.062.000 personas (Colmenares y Abarca, 2022).
Concretamente, en Colombia viven 1.800.000 venezolanos(as), y en Perú son 1.300.000, en ambos países, estos grupos de personas pesan el 79% del total de sus poblaciones migrantes nacionales. En Ecuador hay 513.900 venezolanos(as), que pesan el 69% del total de su comunidad migrante, y en Chile, un caso que destaca, porque aún cuando la comunidad venezolana es de 448.000 personas, representativo del 30% del total de la comunidad migrante en el país, estos flujos han impactado en que cerca del 8% del total de la población nacional sea extranjera (Colmenares y Abarca, 2022).
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En este contexto, es importante reconocer que la diáspora venezolana es un fenómeno que no solo tiene implicaciones sociales, culturales y demográficas en las comunidades de acogida, origen, tránsito y retorno, sino que también impacta a los Estados a nivel institucional, demandando acciones y definiciones de políticas públicas, especialmente, en los países que se han convertido en los principales destinos de la comunidad migrante venezolana.
De ahí que resulte pertinente reflexionar sobre cómo los Estados deben abordar la crisis migratoria que vive la región.
Sobre esto, no hay respuestas únicas, no obstante, un aspecto clave en este debate tiene que ver con el importante rol que tienen los Estados en producir o no un estatus legal precario en la población migrante.
Tal estatus legal precario significa la institucionalización de la negación total o parcial de los derechos reconocidos a los nacionales, con lo cual la condición de migrante además de no ser una categoría homogénea es antagónica a la de ciudadano (Colmenares y Thayer, 2022). Así, la condición de migrante se convierte en una suerte de gradiente que va desde la negación total de los derechos (Bernhard et al., 2008) hasta un conjunto de tratamientos discrecionales respecto al acceso a beneficios sociales por parte de los migrantes en comparación con los nacionales (OIM, 2021).
Para la definición de las condiciones normativas e institucionales que establecen los Estado es fundamental la perspectiva de derechos, una visión intercultural, y un enfoque territorial, donde si bien se entiende que la migración es una oportunidad para el desarrollo de los países, también se reconocen impactos positivos y negativos que se producen de forma diferenciadas en los territorios (nacionales y subnacionales) cuando no existen políticas adecuadas.
En particular para el caso de la diáspora venezolana, que sin duda deja una huella migrante dolorosa para la región, además de lo señalado, se requiere una política de cooperación entre los países de la región que permita, por un lado, minimizar las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad en la trayectorias que siguen los migrantes venezolanos en la búsqueda de una mejor calidad de vida, y por el otro, recuperar la democracia en Venezuela.
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