Precios que varían con rapidez, mayor pulverización del ingreso y cacería de artículos esenciales es parte de la realidad que los venezolanos sufren desde hace un tiempo, cuando el país entró en hiperinflación.
En un trabajo de investigación publicado en Crónica Uno, se afirma que esta situación obedece a que tres de los ingredientes principales para entrar en hiperinflación, el Gobierno los aplicó al pie de la letra: férreos controles, financiamiento monetario y entorpecimiento de la producción.
La hiperinflación que afrontan los ciudadanos se debe a la prolongada crisis como consecuencia del modelo impuesto por el fallecido presidente Hugo Chávez, que consistió en elevar el peso del Estado en la economía, y su sucesor, Nicolás Maduro, ha mantenido.
Maduro en su mandato ha atribuido los altos precios a la denominada “guerra económica” del sector privado y el “imperio”, pero las familias tienen 10 años padeciendo la inflación más elevada de América Latina, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Cepal, de manera que en la era Chávez ya la economía estaba mal.
Chávez —que estuvo 13 años en el poder— al principio de su gestión planteó acabar con el modelo rentista, invertir e impulsar la producción, sin embargo, al poco tiempo la promoción de inversiones y las garantías a los privados se desvanecieron y comenzó la etapa de mayor participación estatal en las áreas clave. En 2001 aprobó las primeras leyes que abrieron el camino a la intervención de tierras y la limitación de las actividades comerciales. Solo el anclaje cambiario logró el control parcial de la inflación, cuando fue 12,3 %.
El periodo entre 2002 y 2003 fue convulso por los paros de actividades, pero allí Chávez empezó la etapa de desmontaje del aparato productivo, la aplicación de controles y subsidios y mayor dependencia de los ingresos petroleros. La inflación se disparó.
Cuando asumió su segundo mandato en 2007, arrancó la ola de expropiaciones y ante la Asamblea Nacional aseveró que había que establecer la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción, y efectivamente así se dieron los pasos para el modelo productivo socialista, soportado por empresas estatales y comunales.
Con la intensificación de las regulaciones, las industrias redujeron la producción y frente a una baja oferta de bienes, el Gobierno aumentó las importaciones y el gasto para sustentar su sistema, lo que generó presión en los precios, y desde 2007 la inflación se acelera a paso de vencedores.
En 2008 el Gobierno aplicó la reconversión monetaria que le quitó tres ceros a la moneda. En ese período las autoridades aseguraron que en tres años se tendría un índice de precios de un dígito, y sucedió lo contrario. Las distorsiones se profundizaron porque creció el cerco al sector privado y la fabricación desordenada de bolívares para financiar las necesidades del sector público. Todo ello se registró con un boom de ingresos petroleros, el barril alcanzó los 100 dólares.
Esta política que empezó con Chávez, la continuó Maduro.
Cuando asumió la presidencia en abril de 2013, la economía venía de los embates de una campaña electoral en la cual el gasto público subió a 47 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero que no motorizó los sectores clave. Las importaciones alcanzaron más de 69 millardos de dólares, y una parte fueron compras ficticias. El endeudamiento llegó a niveles elevados para soportar las misiones y el régimen cambiario.
Cómo se llegó a la hiperinflación
Cuando Maduro se convierte en presidente, el precio del crudo estaba en 90 dólares, y pese al flujo de ingresos, ya los sectores estratégicos de la economía estaban en declive por las restricciones cambiarias y las regulaciones.
Para intentar recuperar las actividades, el Gobierno instaló mesas de trabajo con los empresarios, quienes detallaron los problemas que presentaba la producción. Los ministros se comprometieron a agilizar la entrega de divisas, flexibilizar el control de precios y disminuir las trabas burocráticas. Las soluciones no llegaron, y los problemas crecieron, pues el Jefe de Estado aumentó los controles.
Las autorizaciones de dólares oficiales disminuyeron 12 %, de manera que la producción se desaceleró y la inflación escaló a 56 %.
2014 arrancó convulsionado, y tras las protestas, el primer mandatario instaló la Conferencia de la Paz para el diálogo. Nuevamente, el sector privado fue convocado, se instalaron mesas por “motores” en las que los industriales notificaron los impedimentos para producir tal como sucedió en el período anterior, y alertaron que si las fallas no se corregían, se agudizaría la escasez.
En las reuniones las autoridades prometían corregir las fallas y el para entonces vicepresidente de Economía, Rafael Ramírez, sugirió un plan que contemplaba devaluar la moneda y trabajar con un solo tipo de cambio oficial, flexibilizar el control de precios, reducir el financiamiento monetario y extender los pagos de deuda. El programa no avanzó.
Ese año, el Jefe de Estado tuvo una Habilitante, con la cual reformó leyes para incrementar las regulaciones y fiscalizaciones al sector privado. El recorte en la entrega de divisas fue 33% y la economía cayó 3,9%. La inflación llegó a 68,5% y la escasez dejó de divulgarse.
Para 2015 los desequilibrios de la economía se acentuaron. Las advertencias hechas un año antes por parte de industriales y analistas ocurrieron debido a que la crisis de abastecimiento fue mayor, esta se reflejó en largas colas frente a los comercios. En medio de la coyuntura, el Gobierno modificó parcialmente el mercado cambiario sin mayor resultado, las autorizaciones de dólares bajaron 62%, la inflación cerró en 180,9% y la economía siguió en negativo. Hasta ese año se divulgaron los precios.
La crisis se extendió
En 2016 el Presidente Maduro aprobó decretos de emergencia e instaló el Consejo Productivo Nacional para volver a conformar mesas por “motores” como en periodos anteriores, y otra vez los privados reiteraron los obstáculos que presentaban e insistieron en la necesidad de revisar los controles, cancelar las deudas con proveedores, facilitar las importaciones y revisar las trámites. Los resultados fueron nulos.
Aunque en ese período el Gobierno subió el precio de la gasolina y devaluó, dejando dos paridades, no hubo más avances. Maduro conformó la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para la distribución de bolsas de comida a precios subsidiados, esquema que le permitió incrementar el control social.
Los motores de la economía se fundieron. Las importaciones retrocedieron 50%, el PIB retrocedió 16,5% y la inflación, según la información del BCV al FMI, fue 274%.
Sí 2016 fue malo, el 2017 fue peor con hiperinflación y sanciones. A lo largo del año, Maduro siguió usando los poderes especiales para los manejos discrecionales del gasto y los ingresos, regular la producción e imponer los Clap y el carnet de la Patria —creado en ese año para «fortalecer las misiones y beneficios sociales».
Pese a la recuperación de los precios del crudo, la producción petrolera siguió en declive. La restricción de divisas fue mayor y aquellos que intentaron mantener sus operaciones tuvieron que recurrir al mercado paralelo, cuya tasa se disparó.
En la segunda mitad del año, y luego de cuatro meses de protestas y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones a los funcionarios y otras a la nación que han impactado en la capacidad de la República y Pdvsa para levantar recursos.
En medio de la crisis, el Ejecutivo anunció una reestructuración de la deuda pública, de la que no dio detalles. El Gobierno ha pagado el capital de la deuda y se ha retrasado en los pagos de los intereses, cuyo monto ya supera los 7 millardos de dólares.
A la baja producción se sumó el colapso de los servicios como el transporte y la falta de efectivo. En noviembre la variación mensual de los precios fue 50% de manera que el país entró en hiperinflación y al cierre del 2017 fue 2616%, estimó la AN. La economía retrocedió 15%, calcularon firmas económicas, que proyectaron un recorte en la compras externas de 27%. Entonces, ¿De quién es la culpa?
