Ginebra, 9 feb (EFE).- El mundo tiene los recursos necesarios para poner fin a la pandemia de covid-19 este año, aunque para ello es necesario ayudar a los países que aún tienen problemas de acceso a vacunas, tratamientos y otras armas contra el coronavirus, subrayó este miércoles el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
«Podemos poner fin a la pandemia en 2022, estamos en el mejor camino para lograrlo, pero sólo lo conseguiremos unidos», destacó Guterres en un acto organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para recaudar más fondos de ayuda en la lucha contra la covid-19.
Guterres afirmó que la pandemia entró en su tercer año sin que se hayan conseguido aún «objetivos cruciales» como la vacunación generalizada de la población global, el aumento de los tests o la puesta a disposición de todos de los tratamientos capaces de salvar vidas.
«La desigualdad en el reparto de las vacunas es el mayor fracaso moral de nuestros tiempos, y los países y sus poblaciones lo están pagando», aseguró el político portugués, quien subrayó no obstante que la distribución de dosis en países con menos recursos «está aumentando exponencialmente».
«Podemos lograr que la economía vuelva a la normalidad, y rescatar los objetivos de desarrollo sostenible, pero necesitamos actuar ya», afirmó el máximo responsable de Naciones Unidas.
Con el acto de hoy, la OMS solicitó especialmente a los países desarrollados que aporten 23.000 millones de dólares adicionales a la lucha global contra la pandemia, de los que 16.000 millones de dólares se dirigirán al Acelerador ACT y el resto costearían los envíos de las herramientas contra la COVID-19.
Esta iniciativa fue creada en 2020 por la OMS y otras organizaciones internacionales para mejorar el acceso de países en desarrollo a vacunas, tratamientos, test y otras herramientas contra la COVID-19.
Con el dinero solicitado, el Acelerador ACT proyecta adquirir 600 millones de vacunas, 700 millones de test de diagnóstico, tratar a 120 millones de pacientes y ofrecer equipos de protección para 1,7 millones de trabajadores sanitarios, especialmente en los países con redes sanitarias más frágiles.
