Por: Ismar Linares
Una nueva etapa de persecución y judicialización sistemática enfrenta la disidencia política vinculada a la líder democrática María Corina Machado. El dirigente político nacional y regional del partido Vente Venezuela, Guillermo López, atraviesa un acelerado proceso de juicio oral y público ante los Tribunales de Terrorismo en Caracas, tras ser vinculado al denominado caso «Brazalete Blanco», por supuesto intento de magnicidio contra Nicolas Maduro y Fredy Bernal.
López, quien fue detenido arbitrariamente el 23 de enero de 2024 —apenas un día después de ser ratificado como jefe del Comando Con Vzla en el estado Trujillo—, permaneció recluido en la sede del Helicoide hasta su excarcelación con medidas cautelares el 1 de febrero de 2026. Sin embargo, en los últimos dos meses, el proceso en su contra se ha intensificado drásticamente con la realización de 13 audiencias de juicio.
La acusación fiscal le imputa, al igual que a más de 12 civiles y militares —entre ellos el coordinador regional de Vente Yaracuy, Luis Camacaro, y la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel—, delitos de magnicidio, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir. En las actas del caso también se menciona a figuras como Tamara Sujú, Antonio Ledezma y la propia María Corina Machado.
Irregularidades procesales y pruebas absurdas
La defensa del dirigente y de los demás procesados ha denunciado que se les sigue negando el acceso formal al expediente. Asimismo, señala una grave incompatibilidad legal y es que uno de los fiscales actuantes ejerce simultáneamente como director de Delitos Comunes, función que vulnera el marco normativo venezolano.
Durante las audiencias, las supuestas pruebas presentadas por el Ministerio Público han sido calificadas por los involucrados como infundadas e insostenibles. Las acusaciones se basan en la adjudicación de repetir consignas políticas como «Hasta el Final» y ser publicados en diferentes páginas digitales para tildarlas de «lenguaje de odio y terrorista», o la presentación de mapas de dominio público como evidencia de conspiración.
«Me acusan de intentar asesinar a Nicolás Maduro. Me detienen a nueve horas de Caracas y, al mismo tiempo, me acusan de intentar asesinar a Freddy Bernal a más de ocho horas del lugar de mi detención. Es una narrativa que no tiene ningún sentido lógico», declaró Guillermo López en una reciente entrevista.
Además, se han detectado graves vicios procesales, como la falsificación o alteración de la identidad de funcionarios policiales que firman actas solo con su segundo nombre y apellido. López menciona que durante los debates en el tribunal, varios testigos presentados por la fiscalía admitieron haber firmado las actas de allanamiento e inspección en blanco y bajo coacción o amenaza de ir a prisión.
El trasfondo de un proceso acelerado
A diferencia de otros casos políticos que permanecen paralizados durante años, la defensa presume que el repentino e inusual aceleramiento de este juicio se debe a las implicaciones internacionales del caso de Ángelo Heredia —militar detenido en la misma causa y que sufrió graves torturas y fracturas durante su aprehensión, y quien hoy día tiene una bala incrustada en su pierna—, debido a su relación cercana con Ronald Ojeda, el teniente venezolano asesinado en Chile.
Durante las audiencias, las víctimas que han tenido el derecho a la palabra han ratificado denuncias sobre desapariciones forzadas, torturas físicas, tratos crueles en las llamadas «cavas cuarto» y violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y políticos.
Impacto personal y desgaste como estrategia política
El régimen somete a López a viajar semanalmente desde el interior del país para permanecer de lunes a viernes en Caracas. Las convocatorias a los tribunales, fijadas a las 9:00 a. m., suelen diferirse para iniciarse por la tarde y extenderse hasta la medianoche, lo que representa una paralización forzosa de sus actividades laborales y de su labor de organización política.
Este sometimiento traslada la angustia al núcleo familiar. Si durante su tiempo en presión su esposa y su primer hijo (que entonces tenía dos años) debían trasladarse semanalmente a El Helicoide para las visitas, hoy la familia, con su esposa en el séptimo mes de gestación de su segundo bebé, vuelve a enfrentar la incertidumbre del traslado constante y la amenaza judicial.
«Mi hijo tiene hoy 4 años y no pude acompañarlo en sus primeras idas al colegio. Ahora tampoco me permiten disfrutar de su crecimiento ni estar plenamente con mi esposa embarazada porque debo pasar semanas enteras sometido a estos juicios. Sin embargo, si lo que buscan es desgastarnos, generar temor y que olvidemos la lucha, les dejo un mensaje claro: a mí no me van a doblegar. Sigo de pie por los propósitos democráticos de Venezuela», enfatizó el dirigente.
Exigencia de justicia e institucionalidad
A pesar de las severas restricciones, el dirigente nacional de Vente Venezuela reafirmó su compromiso con la causa democrática y la liberación definitiva de Venezuela.
«Aspiramos de todo corazón a que vuelva la institucionalidad al país, que se haga justicia y que exista reparación integral para todas las víctimas y sus familias. Exigimos la separación de poderes y la liberación inmediata de absolutamente todos los presos políticos, civiles y militares. Ninguno debe quedar en las mazmorras de este régimen. Mientras esperamos el regreso de nuestra líder María Corina Machado, seguimos movilizando a nuestra gente», concluyó López.
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