Lima, 30 sep (EFE).- Gremios empresariales peruanos relacionados con la gestión en Machu Picchu se reunieron este lunes para señalar la gestión insuficiente del turismo en la ciudadela inca, así como proponer una solución alternativa, la creación de una entidad autónoma de carácter técnico que regule de manera independiente el turismo en la ‘llaqta’, poblado en idioma quechua.
La reunión contó con la participación del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Cusco, Fernando Santoyo, y el vicepresidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado, Martín Romero.
Reunidos en el directorio de ComexPerú, uno de los mayores gremios de comercio exterior del país, el encuentro contó además con las palabras del director ejecutivo de este gremio, Jaime Dupuy, quien anticipó la “necesidad de crear una entidad autónoma, centralizada que tenga una gestión holística del santuario de Machu Picchu”.
«Lo que tenemos actualmente son muchas autoridades, tanto regionales como de gobierno nacional con competencias que se superponen o facultades específicas», explicó, «con lo cual no hay una voz cantante respecto a lo que se tiene que hacer».
Esta carencia de una acción conjunta, expuso el titular de la Cámara de Comercio, Fernando Santoyo, se traduce en «autoridades que deciden sobre el turismo, pero que no saben nada de turismo».
«Lamentamos que el Mincetur no tenga ninguna voz vinculante en la gestión de Machu Picchu», explicó Santoyo en relación al ministerio de Comercio Exterior y Turismo porque «tenemos una unidad de gestión presidida por el gobierno regional, pero es un espacio netamente consultivo», indicó.
Protección y gestión de la llaqta
Entre las peticiones de la reunión, ambas entidades expusieron, en un comunicado conjunto, la necesidad de integrar al Machu Picchu en la lista de Activos Críticos Nacionales, por reunir todas las cualidades necesarias y ser un espacio afectado por «incidentes de seguridad, conflictos sociales, incendios forestales y vulnerabilidad física, que exige un enfoque preventivo y sistémico de protección».
Entre sus quejas, la mesa expuso las recientes protestas que afectaron a Machu Picchu Pueblo y, en última instancia, señaló la ausencia de responsabilidad por parte del Ministerio Público «ante hechos flagrantes de delitos que se han cometido en Machu Picchu con 4.700 turistas afectados».
Además, propusieron el seguimiento por parte de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, de la licitación de la ruta de autobuses desde la ciudadela hasta Machu Picchu Pueblo, y viceversa.
«Pedimos que el gobierno, a través de la Presidencia del Congreso de Ministros, establezca los mejores nexos para que ProInversión sea encargado de la licitación para tener un nuevo operador en esta ruta», indicó Santoyo, quien desconfió de la eficacia de la municipalidad de Urubamba para garantizar que se haga un proceso transparente competitivo.
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«Estamos viendo que quieren favorecer a que salga un monopolio para que entre otro, con una permanente confrontación de intereses entre los pobladores de Machupicchu», sentenció el representante gremial.
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