Lima, 2 mar (EFE).- La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) cuestionó que el Gobierno peruano haya publicado el proyecto de un «protocolo» que plantea «coordinar» la cobertura periodística de las protestas sociales en el país, que consideró que presenta «serios problemas de fondo y forma de difícil subsanación».
La ANP llamó la atención en un comunicado sobre el proyecto de «Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención de periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público», publicado este miércoles en el diario oficial El Peruano.
Señaló que ese texto fue «elaborado de forma ‘express'» y que es necesario «replantear, desde origen, un instrumento que debería atender el problema de la seguridad de las y los periodistas y comunicadores en el contexto de la protesta social».
«Uno de los mayores problemas que atraviesan los periodistas y comunicadores, en el Perú, es la impunidad en la que permanecen las detenciones, agresiones, borrado de material y otros impedimentos a su labor, independientemente del agente agresor», enfatizó.
La ANP agregó que casi el 50 % de los casos de agresiones a periodistas en enero pasado «fueron responsabilidad de un efectivo policial» y que «iguales situaciones se han producido en la última década en diversas regiones del país» sin que existan procesos disciplinarios internos a los responsables de los ataques.
Al referirse al proyecto del protocolo señaló que este debe definir qué entiende por «alteraciones al orden público» y cuestionó la ausencia de mecanismos para afrontar casos en los que agentes de la Policía «sean agresores de periodistas».
Añadió que está «dirigido a los periodistas y comunicadores miembros del Colegio de Periodistas del Perú y prensa extranjera acreditada en el Perú», un postulado que «deja al margen a todos los periodistas que no forman parte de esos dos colectivos, lo que es discriminatorio y, como tal, convierte la norma en inconstitucional».
«Un dato gráfico de esta situación es que de los 172 periodistas agredidos hasta la fecha, en cobertura, ni el 5 % tiene la condición de periodistas colegiados, por lo que según la formulación del alcance, quedarían al margen del protocolo», remarcó.
Entre otros temas, cuestionó que se indique que se desarrollarán actividades para que periodistas y comunicadores «conozcan los peligros de su actividad laboral» y se recomiende «la homogenización de la identificación de periodistas en el lugar de los hechos».
Además, que se diga que «de no cumplir con las indicaciones» de la Policía cualquier «afectación a la integridad de los periodistas o comunicadores sociales será bajo su responsabilidad», lo que «significaría una restricción a la libertad de información, pudiendo constituir, incluso, una medida de censura previa».
La ANP enfatizó que un protocolo de este tipo «debe ser trabajado con mayor profundidad», escuchando a periodistas e «instituciones tutelares de derechos» y que la publicación oficial del documento con «algunas recomendaciones y sugerencias, sería un craso error y frustraría la posibilidad de lograr un protocolo integral, necesario, valioso y de amplio alcance».
Desde que comenzaron las protestas antigubernamentales en Perú, en diciembre pasado, se han reportado numerosos casos de agresiones a periodistas por policías y manifestantes, y varios reporteros y fotógrafos fueron heridos por perdigones sin que las autoridades anuncien hasta el momento la investigación de estos casos.
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