En agosto, las cifras de llegadas a Grecia ascendieron hasta las 7.000 personas. Solo el pasado jueves se registraron 546 personas a bordo de 13 precarias embarcaciones que alcanzaron la playa de Skala en menos de media hora, mientras que en otros puntos llegaron otras tres embarcaciones, siendo el total 650 personas en un solo día.
Para mejorar la situación en el punto de acceso de Moria, a pocos kilómetros de Mitilini, la capital de Lesbos, más de 1.400 personas serán transportadas por mar hasta Salónica para ser recogidas por autobuses y terminar su viaje en el centro de acogida de Nea Kavala en la zona de Kilkís, en el norte de Grecia (cerca de la frontera con Bulgaria). Allí esperaran la decisión sobre si serán reconocidos como refugiados y tendrán derecho a asilo o si deberán ser deportados a Turquía.
Las instalaciones de acogida de inmigrantes en las islas de Lesbos, Kos, Leros, Samos y Chíos han visto superadas desde hace tiempo su capacidad de acogida. Igualmente, organizaciones como Médicos Sin Fronteras denuncian las pésimas condiciones de vida de quienes pasan meses en estos centros. Un ejemplo: el centro de Moria (Lesbos) alberga a más de 10.000 personas cuando tiene capacidad para 3.000.
Medidas
Así y todo, la situación no es comparable a la del 2015, año en el que más de un millón de personas llegaron a Grecia, para seguir su camino hacia otros países europeos. Pero el Gobierno heleno está decidido a tomar medidas y por ello el pasado sábado fue convocado el Consejo Gubernamental de Asuntos Exteriores y Defensa, presidido por el primer ministro Kiriakos Mitsotakis.
Nada mas terminar la reunión, el Consejo anunció que se cambiará el marco para el procedimiento de asilo, eliminando el segundo nivel de apelación en el caso de ser rechazada la solicitud de asilo, algo que prolongaba hasta ahora y durante muchos meses el proceso. Esto supondría que nada mas ser rechazada la primera apelación, se procedería inmediatamente a enviar al solicitante al su país de origen, respetándose el acervo comunitario y aplicándose la Declaración conjunta Unión Europea-Turquía, firmada en Marzo 2016.
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Asimismo se acordaron una serie de medidas, empezando por reforzar los controles fronterizos en cooperación con Frontex y la OTAN, aplicando a partir de ahora el Sistema Nacional Integrado de Vigilancia Marítima. También se acelerarán las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados, el proceso de reunificación de menores de edad con sus familias en otros países de la UE, el traslado de menores a centros seguros en otras partes de Grecia y otras medidas más. Un experto en inmigración, que desea mantener el anonimato, declaró esta mañana a ABC: «Ya era hora de tomar medidas concretas y eficaces. Los más de cuatro años de Gobierno radical, que insistía en la necesidad de mostrar solidaridad con quienes llegaban a las costas griegas, han creado una situación caótica en la que miles de solicitantes de asilo permanecen desesperados en el país y muchos acaban víctimas de los traficantes que les prometen llevarlos a Alemania y tras pagar nuevas cantidades de dinero, les dejan tirados en las costas de Albania, en Bulgaria o en Italia».
